La ley votada otorga a las empresas biotecnológicas como Monsanto o Syngenta un poder sin precedentes. Tendrán el derecho a decidir si se permite o no la prohibición de sus productos en cada país de la Unión Europea. Si las empresas se niegan a prohibirlos, los gobiernos podrán contemplar alternativas muy débiles desde el punto de vista jurídico para establecer algún tipo de moratoria y, de hacerlo, podrían ser objeto de demandas.
Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra, ha afirmado que "es inaceptable que las empresas tengan la última palabra en las decisiones sobre los cultivos transgénicos. Los gobiernos han de tener capacidad para prohibir estos cultivos sin tener la obligación de pedir permiso a ninguna entidad privada. La ciudadanía europea ha dejado claro que no quiere estos cultivos, que no aportan ninguna solución a los problemas de la agricultura europea".
La propuesta tiene el objetivo de fomentar que los países voten a favor de estos cultivos en Bruselas – algo que no se ha hecho en los últimos 15 años – a cambio de poder prohibirlos en su país. Esto provocaría una expansión de nuevos cultivos transgénicos en países como España, cuyo gobierno desoye a la ciudadanía y permite la expansión de estos cultivos sin transparencia ni control.
Blanca Ruibal ha continuado aclarando que "durante más de 15 años la mayoría de los países de la UE han luchado contra la expansión de los cultivos modificados genéticamente y han defendido su derecho a prohibirlos. Si finalmente se aprueba esta ley y se extienden estos cultivos el riesgo de que se contaminen las semillas, los cultivos y los alimentos de toda Europa es enorme".
La propuesta será ahora sometida a votación en el Parlamento Europeo, que ya ha votado a favor de una propuesta más exhaustiva que otorgue más derechos a los Estados Miembro.
Amigos de la Tierra se opone a la ley propuesta porque:
– Los gobiernos han de tener poder real para mantener sus campos libres de transgénicos y proteger la capacidad de elección de las personas consumidoras.
– Obligar a los gobiernos a pedir autorización a las empresas para prohibir nuevos cultivos transgénicos es un ataque a la democracia, ya que se ponen los intereses privados de las empresas al mismo nivel que los gobiernos elegidos democráticamente
– Otorgar un poder sin precedentes a las empresas en las decisiones en torno a los cultivos transgénicos es dar más importancia al interés privado que al general.
– Reduce la importancia de un análisis riguroso de los riesgos ambientales y para la salud y supone un debilitamiento del principio de precaución establecido en la UE.
