La nueva norma tiene el objetivo de reducir las emisiones de las actividades industriales en la atmósfera, el agua y el suelo y avanzar hacia una mayor simplificación administrativa al "eliminar las trabas de las empresas en sus relaciones con la Administración", según ha detallado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta también ha indicado que, conforme a la ley vigente, había 5.700 espacios industriales sujetos a autorización en materia de contaminación "que ahora serán 6.100", como refinerías, cementeras o siderúrgicas, entre otras, y supedita su puesta en marcha a la obtención de un permiso escrito, la autorización ambiental integrada.
Con este Anteproyecto se da el primer paso para la transposición de una Directiva comunitaria de 2010 sobre emisiones industriales y modifica la citada Ley de 2002, y se completará posteriormente con un Real Decreto sobre emisiones industriales y de desarrollo de ejecución de la misma Ley.
Además, la normativa permitirá agilizar la tramitación de las autorizaciones medioambientales integradas que tendrán que actualizarse ya que, según la vicepresidenta, actualmente se renovaba la autorización cada ocho años "pero ahora no será necesario" al no haber una vigencia determinada sino que será el órgano medioambiental el que se ocupe de ver si se está cumpliendo.
Por otro lado, el plazo del procedimiento desde que se pedía abrir el establecimiento hasta que se otorgaba la autorización pasará de los 18 meses de media a 9 "por lo que se reduce a la mitad", según ha destacado Saénz de Santamaría, quien ha añadido que, en materia de protección ambiental, se establecerán "nuevos valores de emisión actualizados y adecuados a la evolución que técnicamente existan en cada caso para que la protección ambiental sea la más adecuada".
Todas las autorizaciones ambientales integradas existentes se deben adecuar antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva por lo que se establece el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual el órgano ambiental competente de oficio comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.
Por último, también se han introducido mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las administraciones y los titulares de las instalaciones.
