Una cantidad que alcanza los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral francés.
En la sesión de este martes, la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) María Loureiro ha presentado un informe pericial a cargo de la Fiscalía titulado "Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige".
En este análisis es en el que se basa el Ministerio Fiscal para reclamar indemnizaciones por un importe de 4.442 millones, de los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac) ya ha abonado 114 millones.
La perito de la Fiscalía ha desglosado ante el tribunal la repercusión de la catástrofe en los diferentes sectores, aunque ha explicado que los cálculos se han hecho a medio plazo porque "a día de hoy, no hay suficiente base científica y académica para establecer una estimación a largo plazo".
Además, durante su exposición, ha señalado que en el caso de Galicia los daños podrían ser "más elevados" por su "alta dependencia" con el sector pesquero.
Por sectores
El informe atribuye las mayores pérdidas para el sector turístico en España que, según ha cifrado Loureiro, rozan los 500 millones de euros. También ha subrayado que las pérdidas en el sector pesquero en España ascendieron a 205 millones, aunque ha precisado que hay que sumarle otros 200 millones por la caída de reputación e imagen del sector, lo que repercutió en sus precios.
Asimismo, Loureiro ha cifrado la pérdida en el sector acuícola en 48 millones, al tiempo que ha destacado los 71 millones de pérdidas para el sector industrial o a los 3,78 millones que supuso para el transporte marítimo, según ha desglosado.
En cuanto a los daños en la salud en las atenciones a los voluntarios que participaron en la limpieza de las playas, ha indicado que ascienden a 5,5 millones, aunque advierte de que podría ser más porque "hay estudios" que están detectando enfermedades que aparecen "a la largo plazo" y que supuestamente estarían relacionadas con la catástrofe.
Cantidades desproporcionadas
Tras su intervención, en la que la perito también ha indicado que las reclamaciones por daños civiles acreditados ascienden a 1.446 millones y el resto se incluye en daños medioambientales, el letrado del Fidac, Mike Garteiz, ha indicado que aquellas cantidades adelantadas por el Estado español deberían constar con carácter indemnizatorio y ser descontadas de los fondos pendientes a repartir.
Sin embargo, la perito de la Fiscalía las califica como "ayudas sociales". En cualquier caso, Garteiz ha cuestionado el método de este informe y ha considerado "desproporcionadas" las cantidades reclamadas.
