La Comunidad de Madrid se saltó hacer consultas preceptivas a los Ayuntamientos afectados por el Parque Regional. Contra esta sentencia no cabe recurso y por tanto la Consejería de Medio Ambiente deberá tramitar y aprobar un nuevo PRUG, esta vez, en los términos marcados por la ley.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el documento que regula los usos permitidos en el Parque Regional del Sureste. Este texto se aprobó a escondidas, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para permitir, entre otras cosas, favorecer los intereses del sector cinegético y la construcción de campos de golf dentro del espacio protegido. Ahora la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha procedido a anular el PRUG debido a que no se dio audiencia a los Ayuntamientos afectados por el Parque. El PRUG de esta forma ha contravenido lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que obliga a que las Administraciones Públicas con competencias en materia de urbanismo hagan un informe preceptivo a la aprobación de los Planes de Gestión.
Esta sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno Regional en febrero de 2009. En la sentencia el TS señala que “no existe razón alguna para que (la Comunidad de Madrid) prive a los Ayuntamientos afectados de intervenir”. “No sólo por el contenido del PRUG sino por la incidencia que tiene sobre el planeamiento urbanístico, ya que cuenta con superior rango normativo”, agrega.
Pese a la nulidad, la actual página web de la Consejería de Medio Ambiente sigue teniendo colgado el texto del PRUG.
La vulneración de distintos artículos de la propia ley del Parque Regional del Sureste ha ocasionado que estos colectivos ecologistas y otros particulares hayan interpuesto varias demandas judiciales por cuestiones referidas a la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en eltraslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf, a la ausencia de contestación a las alegaciones al PRUG o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras. De hecho, debido a insuficiencias del PRUG, que reconoció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente debió pagar miles de euros en indemnizaciones a propietarios de derechos de caza que se vieron perjudicados por el reglamento.
Los principales responsables de la aprobación del PRUG fueron Ana Isabel Mariño -anterior Consejera de Medio Ambiente y actual Consejera de Empleo, Turismo y Cultura – y Federico Ramos – por entonces Director General de Medio Ambiente y actual Secretario de Estado de Medio Ambiente-.
Los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo exigen al Gobierno Regional que la tramitación y aprobación de un nuevo PRUG sea realizada siguiendo lo marcado por la ley y que no sirva de nuevo para saciar intereses particulares ajenos a la conservación de este espacio natural protegido.
