El pasado viernes, concluía en en Miami la 11ª ronda de conversaciones para el acuerdo comercial transatlántico entre la Unión Europea y EE.UU.
Greenpeace denuncia el intento de debilitar las normas ambientales para favorecer los intereses de la grandes corporaciones, intento que ha vivido una nueva etapa durante las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos que terminaron en Miami.
Estas conversaciones están teniendo lugar en un contexto de crecientes protestas contra el TTIP, con más de 3,2 millones de personas que han firmado contra este acuerdo, y cientos de ciudadanos manifestándose en las calles por el mismo motivo la semana pasada.
Mientras se sigue manteniendo en secreto la negociación en torno a este acuerdo sobre comercio e inversión transatlántica (TTIP), es de esperar que la UE y Estados Unidos declaren hoy avances en la «consolidación» del texto de negociación para una variedad de temas, incluyendo la llamada “cooperación regulatoria”.
El responsable de la campaña de comercio internacional de Greenpeace, Jürgen Knirsch, ha declarado:
«Una vez más, poco ha trascendido sobre el resultado real de esta última ronda de negociaciones comerciales. Lo que sabemos es que ambas partes están empeñadas en aumentar los privilegios de las grandes empresas. Pero las empresas también deben tener obligaciones, no sólo los derechos. Sus obligaciones son proteger nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestros derechos laborales. Si accedemos a sus intereses, Europa puede retroceder 100 años».
Según los planes actuales, un órgano de supervisión conjunta sería el encargado de eliminar las barreras al comercio mediante la armonización de las regulaciones actuales y futuras entre la UE y de Estados Unidos.
Su principal preocupación sería la de proteger los intereses corporativos, con poca o ninguna preocupación por el medio ambiente, la salud o la protección social, según Greenpeace.
Otra cuestión que probablemente ha sido discutida en Miami es la inclusión de un capítulo sobre el desarrollo sostenible.
La UE está dispuesta a que ambas partes manifiesten su compromiso de aplicar la gobernanza ambiental global y los acuerdos multilaterales, pero no está claro qué efecto tendría este compromiso, dado que EE.UU. no ha ratificado un gran número de acuerdos ambientales, convenciones y protocolos multilaterales de los cuales la UE es una de las partes.
Aunque no estaba formalmente en la agenda, la nueva propuesta de la Comisión Europea para revisar el sistema para resolver las diferencias inversor-Estado (conocida por las siglas ISDS) es probable que haya ocupado la mente de los negociadores.
El jefe negociador de la UE, Ignacio García Bercero, dijo que la propuesta formalmente sería compartida con los negociadores de Estados Unidos antes de que finalice este año.
Si bien la sustitución de jueces privados por un nuevo Sistema de Jueces de Inversiones nombrado públicamente, la propuesta de la Comisión seguiría dando a los inversores extranjeros un trato preferente y un sistema de justicia privilegiada, que les permitiría desafiar las normas de la UE sobre el medio ambiente, la salud o los derechos sociales, advirtió Greenpeace. Además, sin la reapertura del acuerdo comercial entre la UE y Canadá (conocido como CETA), que reconoce los tribunales de arbitraje, la nueva propuesta de ISDS de la Comisión para el TTIP podría convertirse en irrelevante
