Tras tres días de intensas negociaciones, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha alcanzado un acuerdo político la pasada madrugada que va a permitir concluir el proceso de negociación de la Política Agraria Común (PAC). Dicho acuerdo incluye un mandato a la Presidencia irlandesa para cerrar los temas pendientes con el Parlamento Europeo en el último trílogo, que se va a celebrar este miércoles por la mañana, con anterioridad a la votación de la Comisión de Agricultura y ulterior ratificación en el Pleno del Parlamento.
“Con esta Reforma no sólo se ha conseguido corregir los defectos de la propuesta de la Comisión Europea para adaptarlos a la realidad de la agricultura española, si no que nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar así los pagos directas hacia una agricultura realmente activa, que nos permita mantener la actividad económica de nuestro sector agrario, generando con ello crecimiento y empleo”, ha manifestado Arias Cañete en una rueda de prensa celebrada en Luxemburgo esta madrugada.
Pagos directos
España tenía tres objetivos fundamentales al comenzar las negociaciones de esta reforma:
1.- Conseguir mantener para el periodo 2014 a 2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo actual, que le permita mantener su competitividad y la viabilidad de todas los sectores productivos.
Este objetivo se ha conseguido plenamente. España dispondrá de 35.705 millones de € para ayudas directas, 8.291 millones de € para desarrollo rural y más de 3.000 millones de € para medidas de mercado. En total, 47.000 millones de € de fondos comunitarios a los que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de desarrollo rural, elevando con ello la cifra superior a 50.000 millones de €.
Ningún sector de la economía española va a recibir unos apoyos similares, que suponen una media de casi el 30% de la renta agraria, estando garantizado durante los próximos siete años, hasta el año 2020.
2.- Nuestro segundo objetivo era evitar una reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar 38.000.000 hectáreas, 16.000.000 de hectáreas más de las hectáreas actualmente declaradas. De no haber conseguido la limitación de la superficie elegible se hubiera producido una reducción de la ayuda media por hectárea de 229 € a 126, es decir, en un 42%. El acuerdo alcanzado en el Consejo nos permite limitar la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de Ha, que es la superficie declarada en 2011.
3.- El tercer gran objetivo era impedir que España se viera obligada a aplicar una tasa plana, es decir una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro o región en un proceso de convergencia interna plena.
Este objetivo también se ha conseguido, por medio de actuaciones en diversos frentes:
a) Desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019.
b) Los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 € anuales (407.000) no estarán sujetos a la convergencia interna. Es decir, un 46% del total de perceptores de ayudas comunitarias (881.000) no estarán sometidos a ningún proceso de convergencia.
c) Las ayudas acopladas percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna, que suponen el 13 % del total, es decir, unos 637 millones de €.
d) El mínimo de convergencia interna se establece en el 60% de la media de cada región que se establezca.
e) Se ha conseguido gran flexibilidad para configurar un sistema muy detallado de comarcalización, adaptado a la realidad productiva de España, que va a permitir definir comarcas con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie, de manera que la convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca sea muy limitada.
De acuerdo con las estimaciones iniciales de que dispone el Gobierno, basadas en el sistema de comarcalización en el que se está trabajando, con más de 40 regiones diferenciadas, los movimientos de ayudas entre agricultores no serán significativos y se realizarán en 5 años.
f) Se ha conseguido además que el 30% del pago por greening se calcule a nivel de explotación, lo que evita una convergencia automática del 30%, que se hubiera producido de haberse calculado el greening a nivel nacional.
g) Además, como cláusula de salvaguarda para las situaciones más excepcionales, que suponen menos del 1 % de los beneficiarios, se ha establecido una limitación del 30 % en la reducción del importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario.
La suma de los elementos que acabo de mencionar garantizan la viabilidad de todos los sectores productivos en todas las regiones españolas, como ha sido siempre nuestro objetivo, sin transferencias significativas de recursos entre productores y territorios.
Greening
En este apartado son también muchas las mejoras que se han logrado sobre la propuesta inicial de la Comisión.
Hay que destacar, porque era, además, la principal preocupación de España, que los cultivos permanentes califican per se como componente verde, es decir, no se les exigen condiciones de greening. Ello es muy importante para las casi 5 millones de hectáreas de estos cultivos en España: 2,5 millones de olivar, viñedo un millón, frutos secos 0,7 millones; cítricos 0,32 millones y frutales 0,25.
Los cultivos permanentes son los únicos cultivos considerados como sumideros de carbono por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas.
También los cultivos bajo agua como el arroz cumplen per se el componente verde.
Con respecto a la rotación de cultivos, el ministro ha explicado que empieza a aplicarse a partir de 10 hectáreas, en lugar de las 3 que proponía la Comisión, y se exigen tan solo 2 cultivos para las explotaciones de menos de 30 hectáreas, frente a los tres que proponía la Comisión.
La exigencia de mantener un 7% de la explotación dedicada a zonas de especial interés ecológico se reduce a un 5%, y se amplía la lista de zonas consideradas como tal.
Desarrollo rural
En desarrollo rural, uno de los objetivos más importantes era conseguir la coexistencia de programas nacionales y regionales, para permitir en España una ejecución más eficaz de determinadas medidas y submedidas (la cooperación, los programas de conservación de recursos fitogenéticos y de lucha contra determinadas plagas y enfermedades, la prevención de los incendios forestales y la restauración de zonas afectadas, la innovación, la integración cooperativa…), como así ha sido.
Entre las medidas más potentes de desarrollo rural, se encuentran las inversiones en regadío para las que se ha conseguido un resultado altamente satisfactorio. El acuerdo alcanzado contempla la financiación de las inversiones que garanticen un ahorro de, al menos, el 5%, así como otros aspectos importantes para España, como son las balsas de regulación, la mejora de la eficiencia energética, la utilización de aguas regeneradas y los nuevos regadíos en determinadas condiciones.
En cuanto al gasto mínimo dedicado a medidas que tengan que ver con agroambiente y clima, se ha conseguido incluir, además de las medidas previstas en la propuesta de la Comisión, otras actuaciones que persiguen estos mismos efectos. A este conjunto de medidas se destinará un 30% del presupuesto asignado. Entre estas medidas están las forestales, la directiva marco de agua, zonas Natura 2000, biodiversidad y las zonas con limitaciones naturales.
Otro aspecto esencial de la negociación ha sido el relativo a las tasas de cofinanciación, de manera que las regiones menos desarrolladas (Extremadura) y las regiones en transición (Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia) dispongan de una tasa del 75% (el 63% para Murcia), que pueden incrementarse en el caso de determinadas medidas (agroambientales, LEADER, agrupaciones de productores, cooperación, medidas financiadas con transferencias del primer pilar).
También se ha logrado incluir la diversificación hacia actividades no agrarias de las pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el medio rural, que inicialmente estaban excluidas de la financiación.
