Las empresas afectadas tendrán que divulgar información sobre las estrategias, riesgos y resultados en lo referido a los aspectos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno y a la diversidad en los consejos de administración.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado lo siguiente: “Proponemos una legislación importante sobre la transparencia de las empresas de todos los sectores. Se trata de proporcionar información útil para las empresas, los inversores y la sociedad en general, algo muy reclamado por la comunidad de inversores. Las empresas que ya publican información sobre su rendimiento financiero y no financiero adoptan una perspectiva a más largo plazo a la hora de tomar sus decisiones. También disfrutan de menores costes de financiación, atraen a los trabajadores con talento y los conservan y, en última instancia, tienen más éxito. Esto es importante para la competitividad europea y la creación de más puestos de trabajo. Las mejores prácticas deben convertirse en la norma. Las nuevas normas solo se aplicarán a las grandes empresas, con más de 500 empleados, porque los costes de exigir su aplicación a las pequeñas y medianas empresas (PYME) podrían pesar más que las ventajas”.
Con arreglo a la propuesta, las grandes empresas, con más de 500 empleados, estarán obligadas a divulgar información social y medioambiental pertinente y esencial en sus informes anuales. El planteamiento adoptado garantiza que la carga administrativa sea mínima. Se difundirá la información concisa que resulte necesaria para entender la evolución, el comportamiento o la situación de la empresa, en vez de un informe completo y detallado de “sostenibilidad”. Si informar en un ámbito determinado no es pertinente para la empresa, esta no estará obligada a ello, sino únicamente a explicar el motivo de no hacerlo. Además, los datos pueden facilitarse a escala del grupo, en lugar de tener que hacerlo cada empresa perteneciente al grupo.
La medida propuesta se ha formulado sin intención prescriptiva y deja un amplio margen a las empresas en lo relativo a la forma en que consideren más conveniente divulgar la información pertinente. Las empresas podrán utilizar las directrices internacionales o nacionales que consideren apropiadas.
En lo que respecta a la transparencia en materia de diversidad en los consejos de administración, las grandes empresas que cotizan en bolsa tendrían que proporcionar información sobre su política de diversidad (edad, sexo, diversidad geográfica, formación y experiencia profesional). La información divulgada incluirá los objetivos de la estrategia, la forma en que se haya ejecutado y sus resultados. Las empresas que no apliquen una política de diversidad deberán explicar el motivo.
Antecedentes
La Comisión anunció esta medida en abril de 2011 en la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único, en la Comunicación “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” de octubre de 2011 y en el Plan de acción sobre la gobernanza y el derecho de sociedades adoptado en diciembre de 2012.
La Comisión llevó a cabo una extensa consulta con los Estados miembros, las empresas, los inversores y otras partes interesadas, que se inició con una amplia consulta pública en noviembre de 2010. En 2012 se terminó una evaluación de impacto en la que se estudiaron las diferentes opciones, con la idea de adoptar una propuesta equilibrada que permitiera avances significativos en relación con una información transparente y útil por parte de las empresas, aunque evitando una carga administrativa excesiva.
La legislación vigente de la UE y, en particular, la cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades sobre las cuentas anuales contempla la divulgación de información no financiera, de manera que las empresas pueden optar por hacer públicos determinados datos acerca de sus actividades y, entre otras cosas, sobre sus aspectos medioambientales y sociales. No obstante, los requisitos de la legislación vigente han resultado ineficaces y poco claros, además de aplicarse de formas diversas en los distintos Estados miembros. En la actualidad, menos del 10% de las mayores empresas europeas divulga esa información con regularidad. Con el tiempo, algunos Estados miembros han introducido requisitos de divulgación más estrictos que los dispuestos en la cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades.
El 6 de febrero de 2013, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones (“Responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible“ y “Responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora“), en las que reconoce la importancia de la transparencia de las empresas en materia medioambiental y social.
