Activistas de Greenpeace marcan un campo de maíz transgénico experimental con una gigantesca señal de "prohibido".
Las organizaciones de agricultores, ecologistas y consumidores exigen a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que adopte las medidas oportunas, tome inmediatamente cartas en el asunto exigiendo responsabilidades a quienes, escandalosamente, han trabajado para favorecer los intereses de las grandes multinacionales biotecnológicas en detrimento de los del conjunto de la sociedad, de la salud pública y del medio ambiente.
Desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la UE, y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala (según datos del propio ministerio, se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente de Monsanto). Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas peligrosas semillas.
Los datos hechos públicos ahora explican por qué se ha permitido que campen a sus anchas las multinacionales del sector, a pesar de los innumerables casos de contaminación genética y los daños sociales y económicos que estos cultivos han ocasionado.
Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del Gobierno de España y que la primera medida sea prohibir el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan haciendo desde hace años los gobiernos de hasta diez países de la UE (entre ellos Francia, Austria o Alemania) debido a las evidencias científicas sobre sus impactos en el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de la agricultura transgénica con la convencional y ecológica y las incertidumbres sobre sus efectos sobre la salud a largo plazo.
La prohibición del cultivo de transgénicos por parte del Ejecutivo español es imprescindible para poder defender los intereses de nuestro medio ambiente, nuestra agricultura y la salud pública, para que éstos no sigan en manos de la industria de los transgénicos, de los intereses de EE UU y de quienes, desde las instituciones españolas, los han apoyado abiertamente, tal y como ha quedado demostrado en los cables de Wikileaks.
