El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Mario Díaz, aseguró ayer que en España «no hay protocolos de diagnóstico y seguimiento de los espacios protegidos», como parques nacionales y naturales, y que lo único que se está realizando en este ámbito es el censo de especies y el estudio de las variaciones climáticas, algo que «no es un protocolo porque no persigue ningún objetivo y no puede atribuir ninguna causa a cualquier variación detectada».
En una rueda de prensa con motivo de la celebración del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Sevilla «La conservación de las especies y los espacios: el papel de la investigación científica», Díaz afirmó además que los espacios protegidos de nuestro país «funcionan a golpe de moda y urgencia».
Frente a esta situación, insistió en que «uno tiene que estar muy seguro de que una intervención no es lesiva para el medio antes de llevarla a cabo», pero reconoció que «la cosa es complicada y hay que abordarla en su complejidad y en su diversidad. En este sentido, la directora del curso, la bióloga Eulalia Moreno, advirtió de que «un problema es que se tiende a generalizar cuando lo que cada especie necesita son soluciones específicas».
Asimismo, criticaron las políticas de reforestación, ya que «las técnicas de plantación de árboles no son reforestación porque se usan técnicas importadas de la agricultura, con lo que se crea un cultivo en lugar de un espacio natural».
Frente a estos retos, los expertos abogaron por una mejor comunicación entre los científicos, los técnicos forestales y los gestores políticos, que son quienes en última instancia toman las decisiones. «Una solución sería que los técnicos aplicaran la parte del método científico relativa a evaluar el trabajo», propuso Moreno.
Por su parte, la investigadora del CSIC Anna Traveset, también presente en el encuentro informativo, criticó la introducción de fauna y flora exótica en espacios protegidos «porque es perjudicial para los ecosistemas», al tiempo que solicitó unos «acuerdos internacionales» que controlen su tráfico. En el caso concreto de España, afirmó que «hay muy poco control» sobre la penetración de nuevas especies en estos entornos.
