La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, que compareció con el presidente tras la reunión semanal del Gobierno, ha concretado que, cuando los montes sean públicos se destinará al fondo de reinversión más del 40 por ciento de los beneficios, siempre que la tala no sea consecuencia de una plaga, un incendio o una catástrofe natural. Entonces, se destinará "el cien por cien", excepto que haya un seguro que cubra los daños.
En el caso de los propietarios privados, el porcentaje a reinvertir lo determinarán los planes de ordenación de las propiedades forestales, ha añadido Quintana, quien ha coincidido con Núñez Feijóo en la necesidad de evitar una mayor división de las fincas para combatir el minifundismo. Y es que, según el presidente, la parcela media gallega es de 2.000 metros cuadrados.
"Así hay muchas dificultades para aprovechar nuestra riqueza forestal", ha defendido el presidente, antes de reivindicar la necesidad de "sacar el máximo partido económico y social" a la riqueza forestal de la comunidad. Para hacerlo, ha garantizado que esta norma está "adaptada" y resulta "coherente" con las necesidades de las empresas forestales, además de proteger la "riqueza colectiva" del país.
En su intervención, Núñez Feijóo ha insistido en la protección que se blinda por ley a un sector con 76.000 empleos, entre directos e indirectos, que supone el 3,5 por ciento del PIB, y ha remarcado que, además de luchar contra el minifundismo, la Xunta busca la concienciación social y la regulación de los usos forestales.
Los dos mandatarios han coincidido también en destacar que la ley llega al Parlamento con un elevado grado de consenso con los actores del monte. De hecho, a raíz de la exposición pública del texto se recibieron un total de 345 alegaciones y más del 75 por ciento de los artículos sufrieron modificaciones. "Quisiera que ese consenso se mantenga en el trámite parlamentario", ha manifestado el presidente.
Franjas de prevención de incendios
Junto con las novedades expuestas este jueves, ha recordado que la nueva norma "modifica" la legislación sobre la prevención de incendios forestales, de forma que rebaja la distancia de las franjas de prevención con respecto a viviendas o campings. La Xunta defiende que las disposiciones de la anterior ley de 2007 eran "confusas y dispersas".
Frente a ello, la nueva normativa ajusta de 100 a 50 metros la franja de seguridad en torno a edificaciones en la que la vegetación debe estar "controlada" y rebaja de 50 a 30, un segundo perímetro en el que no puede haber especies pirófitas -como pinos y acacias- que favorecen el fuego.
Quintana ha añadido que la ley impulsada por el bipartito, aunque sí establecía las franjas de seguridad, se "olvidaba" de clarificar quién y cómo puede actuar sobre los terrenos cuyo propietario se desconoce, extremo que el Gobierno gallego aspira a solucionar. En total, en Galicia existen unas 5.000 hectáreas de terreno abandonadas.
Ahora, se regularán, además de los habituales acuerdos de prevención, nuevos convenios con los ayuntamientos para la gestión de biomasa en terrenos de propietarios desconocidos, lo que permitirá hacer más efectiva la lucha contra los incendios forestales.
Sacar partido al monte
En su intervención, la conselleira ha hecho hincapié en que Galicia es "eminentemente forestal" -representa una media de más del 45 por ciento de la producción estatal en el ámbito de la madera-, pero ha añadido que también es importante tener en cuenta los aprovechamientos de carácter ganadero, lúdico o turístico.
Así, ha defendido la necesidad de "sacar partido al monte" y se ha referido a la ordenación de sus usos, "regulando" el posible cambio de la actividad agrícola a forestal o al contrario, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones.
La futura Ley de Montes también "consolida" las agrupación voluntaria de monte "sin perder la propiedad" y la creación, por vez primera, de un registro de especies frondosas autóctonas, como el castaño y el roble, entre otras.
