La organización ecologista Greenpeace se reúne hoy con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para solicitar el derribo «inmediato» del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería), cuya licencia municipal ha sido recientemente declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería.
La responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, explicó a Europa Press que después de enviar varias cartas tanto a la anterior consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, como al presidente del Gobierno Andaluz, Manuel Chaves, pidiéndoles la revisión de la licencia de obras del inmueble y su derribo y no recibir una respuesta «satisfactoria», se reunirán a finales de este mes con la Dirección General de Costas.
Marcos manifestó su deseo de poder extraer de este encuentro con el Ministerio alguna respuesta positiva a sus reivindicaciones, ya que, de no ser así, la organización emprenderá acciones de protesta y movilizaciones, pues «Greenpeace continuará su labor hasta que se consiga el restablecimiento de la legalidad y demolición del hotel».
No obstante, el colectivo ha abierto otra vía y es que, en el día de hoy, ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado rogándole que «investigue si en el caso de El Algarrobico se ha incurrido en la comisión de delito por parte del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta tal y como sugiera la sentencia del magistrado Jesús Rivera».
Asimismo, la portavoz advirtió que «no sólo es exigible la demolición del hotel, sino también la restauración del ecosistema, el cual se ha visto gravemente afectado por esta construcción, ya que, aunque se trate de un ecosistema semidesértico que a simple vista no tiene valor, posee altos índices de biodiversidad y es por ello que está comprendido dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».
Por otro lado, se mostró «muy satisfecha» con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, ya que «no sólo da la razón a todos los colectivos ecologistas o a «Salvemos Mojácar» reconociendo la ilegalidad del hotel, sino que, además, en el fundamento séptimo de derecho es muy contundente y establece que la Fiscalía General del Estado debería de averiguar el porqué de tantas ilegalidades consentidas por el Ayuntamiento y la Junta».
Así, consideró que el Consistorio municipal y la Junta «han sido perfectamente conscientes desde el primer momento de que la construcción de El Algarrobico infringía tanto la Ley de Costas como las normativas que rigen el uso del suelo en Andalucía». «Lo peor es que, conscientes de su ilegalidad, a día de hoy sigue en pie», criticó.
SENTENCIAS ADVERSAS
Por otro lado, acogiéndose a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la cual se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la asociación ha pedido información sobre la situación en la que encuentra el expediente expropiatorio referido, así como de las fórmulas y medidas de colaboración entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente, las conversaciones entre el Ministerio y la empresa promotora Azata del Sol y, por último, los plazos y medidas a adoptar en relación con la demolición del hotel.
El hotel construido en la playa de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, ha dado lugar a diversas resoluciones judiciales sobre su ilegalidad ya que fue edificado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, invadiendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (100 metros desde la orilla del mar).
La última sentencia dictada sobre el caso señalaba que «la abulia y la desidia del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía en la defensa del interés general ha provocado que el hotel se construyese, y es por tanto tarea de la Fiscalía General del Estado investigar el por qué varias administraciones pasaron por alto las leyes que impedían construir el hotel».
