Según fuentes extraoficiales, el costo del proyecto rondaría actualmente los US$15.000 millones (considerando las centrales y la línea de transmisión), lejos de los US$4.500 millones que se anunciaron cuando se lanzó la iniciativa.
Mientras el Comité de Ministros alista su decisión final sobre las reclamaciones del proyecto HidroAysén -luego que la actual administración invalidara lo decidido por sus antecesores- la sociedad cuya propiedad integran Endesa y Colbún ya alista su estrategia para hacer frente al veredicto final.
Ello, teniendo en cuenta que a nivel político el actual gobierno ha planteado que el proyecto HidroAysén le parece inviable “tal como está”, lo que sólo abriría una puerta a su concreción en caso de que haya modificaciones sustanciales.
Por esto, lo previsible es que la postura de HidroAysén no sea acogida, al menos, no totalmente.
Dado este diagnóstico, se espera que el gobierno impulse los cambios que cree necesarios o, derechamente, le ponga la lápida, aunque esta idea es más improbable.
Sea como sea, la instancia que aparece más viable para hacer estos cambios es el Comité de Ministros. Si bien se trata de una entidad más técnica, en el sector privado hay quienes creen que será allí donde el Ejecutivo intentará rayar la cancha.
En la empresa hay expectación sobre lo que decidirá finalmente el Comité de Ministros. Y si bien están a la espera, ya han sido tomadas algunas definiciones.
Según fuentes cercanas al proyecto, un análisis que se ha hecho es que en caso de que no haya un pronunciamiento positivo, se acuda al Tribunal Ambiental, instancia que por mandato es la encargada de revisar las decisiones del Comité de Ministros en caso de alguna discrepancia.
Eventualmente, al Tercer Tribunal Ambiental -que tiene sede en Valdivia- pueden acudir no sólo los representantes de la compañía, sino que también los opositores a HidroAysén.
Esto no impediría que el caso termine siendo analizado por la Corte Suprema, pues los fallos del Tribunal Ambiental pueden ser apelados ante el máximo tribunal.
Pero sí se aseguraría un trámite más expedito que en las Cortes de Apelaciones, que acumulan más procesos y que por lo mismo demoran más en fallar.
“No presentaremos un recurso de protección porque creemos que el Tribunal Ambiental es la instancia natural en este caso”, explica una fuente cercana a la compañía.
“Lo que hemos hecho son los análisis sobre posibles alternativas. Ante esos posibles caminos se ha definido las vías de acción que podamos implementar. Esto ya sea tanto de estudios como relaciones con la comunidad. Y también las visiones judiciales. Esas son las tres variantes: estudios, comunidad y judicial”, añade la fuente.
COSTO DEL PROYECTO
La decisión del Comité de Ministros -que se proyecta para el mes de junio- permitirá a la compañía además actualizar el costo definitivo que tendrá la mega obra hidroeléctrica.
Pese a ello, hay algunas estimaciones dando vuelta. Una de las más duras estima el costo total de la inversión en cerca de US$15.000 millones, considerando la construcción de las represas, máquinas, el sistema de recolección y la línea de conexión al SIC, además de las tareas de mitigación que deberá cumplir HidroAysén para poder concretar la construcción del complejo.
No obstante, ello dependerá -tal como lo reconocen al interior de la compañía- de las condiciones que imponga la autoridad de manera definitiva. En la industria eléctrica hay quienes creen que HidroAysén podría concretarse reduciendo su potencia, de una manera similar a lo que hizo Energía Austral, que bajó el tamaño de su proyecto en casi 40%. Todo eso quedará claro una vez que se pronuncie el Comité de Ministros.
