La vista se retomará con la declaración del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y seguirá durante este mes con la del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Ellos tres, junto al primer oficial Ireneo Maloto -declarado en rebeldía y en paradero desconocido-, son los únicos imputados por una catástrofe marítima, que, en noviembre de 2002, vertió más de 60.000 toneladas de fuel en la costa gallega y que provocó uno de los mayores siniestros marítimos.
En concreto, fue el 13 de noviembre de 2002, sobre las 15.15 horas, cuando los servicios marítimos recibieron una llamada de socorro alertando de una vía de agua en el "Prestige", un petrolero con 27 tripulantes que se encontraba navegando a unas 28 millas de Fisterra (La Coruña) con 77.000 toneladas de fuel.
Desde esa fecha y, tras detectarse el primer vertido, se optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se prohibió atracar en cualquier puerto español.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2002, el "Prestige" se partió en dos y se fue a pique, generando una de las mayores catástrofes marítimas, que tiñó de negro las costas de Galicia, pero también las del Cantábrico y Francia.
Papel del voluntariado
Junto a la marea negra, el siniestro -por el que el capitán llegó a pasar 83 días en prisión– provocó también una respuesta social sin precedentes con la llegada masiva de voluntarios a Galicia -más de 40.000, según organizaciones ecologistas- que se encargaron de recoger el fuel y que se sumaron al trabajo que los primeros días realizaron los pescadores con sus propios medios.
Sobre los efectos que este trabajo tuvo en la salud, se realizaron numerosos estudios. Entre los últimos, está el elaborado por un equipo de la Universidad de La Coruña (UDC), que concluye que el aumento del riesgo de padecer cáncer en las personas que colaboraron en la recogida del fuel "desapareció" a los siete años del siniestro.
Diez años después, hay entre el voluntariado un sentimiento "agridulce". "Somos los mismos contra los mismos", resume el secretario general de la organización ecologista Adega, Fins Iglesias, en relación a la presencia, en el Gobierno, de responsables políticos que eran también miembros del Ejecutivo cuando ocurrió el siniestro.
Responsabilidades civiles y penales
Tanto desde organizaciones ecologistas como desde las cofradías de pescadores se cuestiona también que el único representante institucional, entre los acusados en el juicio por el siniestro, sea el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, para el que se piden penas de cinco años de prisión.
La mayor pena, no obstante, se reclama para el capitán del barco, para el que la Fiscalía solicita 12 años de cárcel, siete por un delito contra el medio ambiente y otros cinco por daños en espacios naturales protegidos, Mientras, el letrado que representa a 70 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria solicita nueve años de prisión para los tres miembros de la tripulación.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
Defensa del capitán
En las primeras sesiones del juicio, que comenzó el 16 de octubre con las cuestiones procesales, el principal "enfrentamiento" dialéctico lo han mantenido la Fiscalía y la Abogacía del Estado con el letrado del capitán del "Prestige", que pidió la suspensión del juicio, rechazada por el tribunal.
En su intervención, en las primeras sesiones de la vista oral, llegó a acusar también al Estado español de haber ocultado pruebas en relación con las inspecciones en el barco, al tiempo que cuestionó la legalidad de la documentación recabada en el petrolero.
Otro Prestige, posible
Al margen del debate judicial, diez años después, continúa el debate sobre si persisten los efectos de la catástrofe, con repercusión todavía en la cadena trófica, según las organizaciones ecologistas, y si se está preparado para evitar otro siniestro similar.
Sobre ello, en su informe "Otro Prestige es posible", Greenpeace España alerta de que continúan navegando buques monocasco por aguas comunitarias. Además, esta organización ha pedido "cambios legislativos" para depurar las responsabilidades en el ámbito económico, legal y político y para prohibir circulación de este tipo de buques, que sí tienen prohibida la entrada en puertos europeos.
Por su parte, tanto cofradías de pescadores como voluntarios que participaron en la recogida de fuel se muestran escépticos, al ser preguntados si creen que una catástrofe de este tipo podría volver a repetirse.
Así, admiten que ha habido una avance en la dotación de medios, pero creen que no se han dados pasos suficientes, como determinar un puerto refugio, para acoger un barco en esas condiciones.
Alejamiento del barco
Las mismas discrepancias siguen existiendo sobre una de las cuestiones que centrará el juicio, si fue conveniente o no la decisión de alejar el barco y si esta última opción hizo que la catástrofe adquiriera mayores dimensiones, como sostienen algunos expertos.
Junto a ello, el juicio, que está previsto que se prolongue hasta finales de mayo, tratará de dirimir las responsabilidades penales y civiles, aunque los pescadores ya percibieron en su día las indemnizaciones por la catástrofe.
