La "certificación forestal" ha servido en gran parte para frenar la deforestación del planeta, pero también para dar un valor añadido a los productos que se extraen de los bosques y para multiplicar las oportunidades económicas de esos espacios.
Así ocurre también en España, donde ese “sello” acredita la correcta gestión del monte, y que esa gestión sea plenamente compatible con la conservación de los recursos naturales en espacios que en muchos casos están incluidos en la red europea Natura 2000.
Uno de los mejores ejemplos para conocer en España el significado de la “certificación forestal” son los Montes de Valsaín (Segovia), donde el uso racional durante siglos ha permitido no sólo generar riqueza económica y empleo, sino asegurar también la conservación de la masa forestal y que el lugar siga siendo el hábitat ideal para especies emblemáticas de la península, como el águila imperial, el buitre negro o la cigüeña negra. (visita la galería fotográfica)
El espacio está gestionado por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín, perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y cuenta con diferentes figuras de protección para asegurar que la riqueza paisajística, faunística o vegetal sigan siendo compatibles con los usos forestales o ganaderos más tradicionales y con los nuevos usos recreativos.
“Un bosque es madera, es naturaleza, es paisaje, son múltiples usos, y también es conservación”, ha señalado el director del Centro, Javier Donés, quien ha incidido en la importancia de aplicar una adecuada gestión forestal para seguir extrayendo más de 30.000 metros cúbicos de madera al año y que el monte siga siendo un espacio donde nidifican esas especies.
Donés ha destacado la importancia de la “certificación”, de que la sociedad entienda qué es la conservación y de que consumidor comprenda que al comprar productos forestales tiene que ser “muy exigente” sobre cómo se han obtenido y comprobar que se han respetado la naturaleza y los derechos laborales.
Un proceso voluntario
La certificación forestal es un proceso voluntario al que se somete una empresa o un monte para acreditar que cumple unos determinados criterios de sostenibilidad, con el fin de que el consumidor sepa que ese “sello” garantiza que el producto que está adquiriendo (madera, papel, corcho, resinas u otros derivados) se ha extraído del monte de una forma respetuosa desde un punto de vista medioambiental, social y económico.
Los “sellos” más extendidos en el mundo son el del Consejo de Manejo Forestal (FSC, en sus siglas en inglés) y el del Programa para la Comprobación de la Certificación (PEFC, en ingles), y constituyen la iniciativa más importante que se está llevando a cabo para mejorar la gestión forestal en el planeta y frenar la deforestación.
Contar con ese certificado puede brindar a los propietarios y administradores de esos bosques nuevas oportunidades y beneficios, como acceder a nuevos mercados, ya que muchas grandes empresas multinacionales y algunos países ya sólo admiten en sus procesos productivos materiales con ese sello.
El director ejecutivo de FSC en España, Gonzalo Anguita, ha subrayado que el objetivo principal de la certificación era frenar la deforestación del planeta, y a su juicio la presión sobre los recursos que se extraen del monte va a ser “cada vez mayor”.
“La sociedad está cada vez más concienciada y cada vez la gente es más consciente del problema, y por lo tanto será una demanda saber que la procedencia de los productos forestales es siempre de fuentes sostenibles”.
Gonzalo Anguita ha subrayado que la “certificación” sirve para acreditar ese origen, pero también se ha referido a las ventajas que pueden obtener los propietarios o productores, entre las que ha citado la posibilidad de vender sus maderas o productos forestales a un precio mayor o la de dirigirse a mercados o clientes que sólo aceptan productos “certificados”.
Mantener, e incluso mejorar la biodiversidad
En España, la certificación forestal está contribuyendo a dar un valor añadido a los productos que se extraen del monte, y entidades públicas y privadas han puesto en marcha varias iniciativas para impulsar ese tipo de aprovechamientos en espacios de la red ecológica europea Natura 2000.
Son iniciativas que, según sus promotores, pueden servir no sólo para mantener, sino para mejorar la conservación de la biodiversidad que existe en el monte, pero también para dinamizar el desarrollo rural, ya que puede ayudar a crear puestos de trabajo y a generar actividades económicas rentables.
En la actualidad, la superficie que acredita una correcta gestión de los usos forestales en España ronda los 2 millones de hectáreas, lo que supone cerca del 10 por ciento de la superficie arbolada, un porcentaje muy alejado de las cifras de países europeos como Alemania, Finlandia o Suecia, donde la certificación forestal llega al 70 por ciento de su superficie forestal.
España tiene la tercera mayor extensión de superficie forestal de la UE, con unos 19 millones de hectáreas (el 36 por ciento del territorio), según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Y además de los posibles aprovechamientos económicos, los montes ejercen una función hidrológica y protectora del suelo frente a sequías o inundaciones y ayudan a combatir el cambio climático ya que actúan como “sumideros” de dióxido de carbono, por lo que la “certificación forestal” puede resultar vital.