La mayoría de los casos de la COVID-19 identificados hasta el momento en los pueblos amerindios se encuentran en la región de la Amazonia, tres en Perú y 34 en Brasil donde, además, ya han fallecido cinco indígenas por esta causa.
“Exigimos que los Gobiernos de cada uno de nuestros países reconozcan de manera pública su responsabilidad para con los pueblos y nacionalidades indígenas como poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia y se tomen todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para proteger a nuestras comunidades y territorios. En caso de acción contraria u omisión pedimos a la comunidad internacional mantenerse en alerta máxima ante la posible comisión de un acto genocida”, defiende la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en un comunicado publicado el 31 de marzo.
En la misiva, la Coordinadora apunta una situación de emergencia en todos los países panamazónicos: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Los pueblos originarios de estos países se enfrentan ahora a un doble problema: el primero, su falta de inmunidad ante este nuevo virus COVID-19.
El segundo es menos mediático pero evidente para quienes lo sufren: la intensificación de la actividad ilegal de mineros y extractivistas aprovechando que la atención está completamente centrada en el seguimiento de la pandemia.
“Es un llamado de los pueblos indígenas de la Amazonia porque nos están ignorando”, declara José Gregorio Díaz Mirabal, miembro del pueblo Wakuenai Kurripako, originario de la Amazonia venezolana, y coordinador general de la COICA. En toda la PanAmazonia hay un total de 7.780 casos confirmados y 395 fallecidos, de acuerdo con el mapa actualizado este 21 de abril por la Red Eclesial de la PanAmazonia (REPAM), que no diferencia entre casos de indígenas y no indígenas en sus cifras.
COVID-19
La etnia sateré-mawé, conocida como los guardianes del fruto del guaraná, es una de las que ya ha sido tocada por el coronavirus: con un caso de contagio confirmado, varios sospechosos y la muerte de un tuxaua, terminología sateré para designar a los líderes ancianos de cada comunidad.
“El fallecimiento ha dejado a toda la aldea São Benedito de 90 personas en estricta cuarentena”, explica con tristeza Sergio Batista Garcia Wara, miembro de esta etnia que habita la Tierra Indígena Andirá Marau, situada entre los estados Amazonas y Pará.
“La tierra indígena está en aislamiento desde hace casi un mes. Faltan elementos básicos de higiene, como jabón, y para alimentarse muchas personas están recurriendo a la pesca o a la caza, aunque estos recursos son cada día más escasos”, declara Batista.
En la profundidad de la selva, la vía fluvial es la principal opción de transporte, en muchos casos la única, pero las autoridades locales han prohibido la navegación para evitar la propagación del virus. No obstante, estas restricciones también dificultan el abastecimiento de víveres esenciales, entre ellos ciertos medicamentos urgentes.
Batista, que trabaja en la localidad próxima de Parintíns como director del Consorcio de Productores Sateré-Mawé, no ha podido desplazarse a la aldea indígena y guarda cuarentena con sus hijos en la ciudad, donde ya se han confirmado 37 casos positivos de coronavirus COVID-19 y cinco fallecidos.
El Consorcio vende guaraná nativo a redes de comercio justo de Francia e Italia, dos países duramente azotados por los efectos de la COVID-19, y está constituido por 336 familias indígenas asociadas que se inquietan por el futuro de su única fuente de renta.
Pueblos en aislamiento voluntario por la COVID-19
En el territorio latinoamericano existen un centenar de pueblos originarios en aislamiento voluntario, es decir, que no tienen ningún contacto con otra población exterior, de acuerdo con las confirmaciones de la ONG Survival. “Las poblaciones en aislamiento voluntario son extremamente susceptibles a este tipo de enfermedades virales porque no tienen inmunidad ni para esta ni para ninguna de las respiratorias que circulan en el resto del mundo”, explica el médico Douglas Rodrigues, especializado en salud indígena.
El mayor riesgo del coronavirus COVID-19 frente a otros virus que también son desconocidos para estos pueblos es el potencial de diseminación que presenta. “En el caso del coronavirus, nosotros estamos reaccionando como indígenas aislados, ya que no tenemos ninguna memoria inmunológica en la población y por eso se ha producido esta pandemia”, resalta este profesional de la salud que trabaja con comunidades amazónicas e investiga para la Universidad Federal de São Paulo.
Proteger a los indígenas de la COVID-19
Rodrigues afirma contundente que la única medida para proteger a los indígenas en aislamiento voluntario es mantenerse lejos y permitir que sigan aislados. No obstante, y aunque esta reco-mendación parezca evidente, el nombramiento del antropólogo y misionero católico Ricardo Lopes Días para ocupar el cargo de gestor de la Coordinación General de Pueblos Indígenas Aislados y Recién contactados de la Fundación Nacional del Indio (Funai) activó las alarmas de organizaciones indigenistas como Survival Internacional.
Lopes formó parte durante 10 años de la entidad católica estadounidense Misión Nuevas Tribus, actualmente rebautizada como Ethnos360, y actuó en el Valle del Javari, una de las mayores reservas indígenas de Brasil donde se encuentra la mayor concentración de pueblos originarios aislados. Esta organización, dedicada a la evangelización de comunidades indígenas, tiene un especial interés en llegar a los pueblos aislados.
En 1987, los misioneros establecieron contacto con la etnia aislada de los zo’é; pocos años después, un tercio de la población había fallecido por enfermedades como gripe o malaria, y en 1991 la Funai determinó su expulsión del área indígena. Si bien se abrió una investigación pública judicial sobre la muerte de los zo’é, la causa acabó archivada sin demostrar la responsabilidad directa de los misioneros.
El pasado 3 de marzo, la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javarí, Univaja, denunció el aumento reciente de misioneros para contactar a los pueblos aislados, captar indígenas y «abrir las puertas de la Tierra Indígena para acciones nefastas de proselitismo religioso». La demanda recibió el viernes 17 de abril una sentencia favorable por parte de la Justicia brasileña, que prohibió el contacto de misioneros con etnias aisladas en el Valle del Javarí.
Intromisiones arriesgadas para la salud
La Amazonia, como un todo, se está convirtiendo en un posible foco de contagios. Específicamente, el Estado brasileño de Amazonas presenta desde el inicio de la semana una “curva acelerada” de contagios, según confirmó el gobernador Wilson Lima, que alertó de la falta de infraestructura sanitaria en los hospitales públicos de las ciudades que ya están colapsando.
La situación también es preocupante en otras partes de la selva, como en el departamento peruano de Loreto, donde la mayor parte de los habitantes son pueblos originarios y los servicios de salud son escasos.
Aunque la Amazonia es una región de accesos complicados, también es una gallina de los huevos de oro para extractores de madera, buscadores de oro y otros mineros que ven en la cuarentena un momento idóneo para explotar clandestinamente las áreas protegidas.
“Nuestros chamanes están trabajando para protegernos. Ustedes también deben hacer su trabajo para evitar que la epidemia entre por los caminos que abrieron los no indígenas”, declara el comunicado de la Asociación Hutukara de la etnia yanomami, que ya cuentan con un caso positivo y un fallecido de su comunidad víctima de coronavirus.
Este pueblo ancestral, de 26.780 habitantes que viven entre Brasil y Venezuela, son uno de los más amenazados del todo el continente americano por la actividad relacionada con la minería ilegal. Se estima que en sus tierras pueda haber 20.000 mineros clandestinos, una cifra que casi iguala el número de indígenas.
“Los garimpeiros —buscadores de oro— abrieron caminos por los ríos, por aire y por tierra en el área Yanomami. Esto es una gran amenaza para nuestra salud”, alerta la misiva de esta tribu indígena.
Guayana Francesa
A su lado, en la vecina Guayana Francesa, las poblaciones indígenas Wayana, Teko y Wayãpi también sufren las amenazas de los buscadores de oro ilegales. Por este motivo, las comunidades que viven junto al río Maroni comenzaron a construir a finales de marzo una barrera para impedir la circulación fluvial y, especialmente, para bloquear el paso de los extractores.
“Los buscadores de oro se están aprovechando del confinamiento, sabemos que su actividad minera se ha intensificado en los últimos días porque el agua del río viene mucho más sucia”, declara Claudette Labonté, coordinadora de asuntos de la mujer para la COICA y presidenta de la federación Parikweneh e indígena de la etnia palikur.
“El Gobierno francés afirma estar en guerra contra la COVID-19, pero nosotros, los pueblos autóctonos, enfrentamos un doble combate para seguir vivos: el virus y los invasores”, afirma ella y denuncia el abandono total del Gobierno francés, que ni siquiera les concede el estatuto de pueblo ancestral ni los derechos derivados, como el acceso a la tierra.
La única medida que el Ejecutivo galo ha establecido es el confinamiento total, lo que Labonté califica de “ceguera política”, ya que no considera las especificidades de sus formas de vida tradicionales. Muchos de estos pueblos indígenas viven en estructuras comunitarias, con varias familias en una misma cabaña y con la necesidad vital de salir a pescar para poder alimentarse.
Labonté indica que las áreas indígenas están bajo grandes presiones de explotación minera. “Nos estamos preparando para un posible regreso de la conquista en nombre del oro”.
Ecuador
También en Ecuador los mineros se aprovechan de la atención que genera la pandemia y del confinamiento decretado en muchas regiones del país para intensificar sus actividades.
“La empresa Terraearth S.A. continúa trabajando durante el estado de excepción sin tener permisos, sin licencia ambiental y sin respetar la emergencia sanitaria y toque de queda, poniendo en riesgo a los habitantes de la provincia de Napo”, denunció a finales de marzo a través de Twitter la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONIAE).
Díaz, coordinador general de la COICA y portavoz de los pueblos de la Amazonia, subraya que en este momento “el oro vale más que el petróleo” y alerta de que la mayoría de los pueblos amerindios que habitan la selva amazónica están preocupados por su supervivencia. “Tememos que la enfermedad se propague y que, junto con la invasión de nuestras tierras y la presión minería ilegal, se produzca otro exterminio de los pueblos indígenas”.
Fuente: LUNA GÁMEZ / EL PAÍS,
Artículo de referencia: https://elpais.com/elpais/2020/04/15/planeta_futuro/1586940857_855036.html,
