A mediados del mes de abril, el Gobierno liderado por Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar la empresa YPF, con la oposición de Repsol y del Gobierno español. Poco tiempo después, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión una respuesta que incluyera la suspensión parcial de las prefererencias arancelarias, entre otras herramientas de resolución de conflictos disponibles en la OMC y el G-20. Aunque este caso no está supuestamente relacionado con la expropiación de la filial española, Bruselas ha tomado como decisión impugnar las restricciones argentinas en represalia.
Siguiendo los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la UE solicita en primer lugar consultas con Argentina en un intento de que levante esas medidas, que han afectado negativamente al comercio y la inversión de la UE. Las medidas restrictivas incluyen el régimen de licencias de importación de Argentina y, sobre todo, los procedimientos para obtener esas licencias, así como la obligación de las empresas de equilibrar importaciones con exportaciones. Es la primera etapa del sistema de solución de diferencias de la OMC. Si no se encuentra ninguna solución en el plazo de sesenta días, la UE puede solicitar que se establezca un grupo especial de la OMC que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas argentinas.
“Las restricciones argentinas a la importación violan las normas comerciales internacionales y deben eliminarse. Esas medidas provocan un daño real a las empresas de la UE y perjudican al empleo y a toda nuestra economía”, ha manifestado el Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht. ”Las condiciones para el comercio y las inversiones en Argentina están empeorando claramente. Y esto nos obliga a impugnar el régimen proteccionista de importación argentino y a garantizar el mantenimiento de las normas a favor de un comercio libre y justo.”
La UE está abiertamente preocupada por las medidas argentinas sobre la importación, contrarias a las normas de la OMC en favor de un sistema comercial transparente, libre y justo. Entre ellas cabe incluir:
- Argentina subordina la importación de todas las mercancías a un régimen de autorización previa y de preinscripción, la Declaración Jurada Anticipada de Importación. Desde febrero de 2012, este requisito de autorización previa se aplica a todas las importaciones.
- Centenares de mercancías también necesitan una licencia de importación. Estos procedimientos retrasan sistemáticamente las importaciones, o hacen que se las rechace por razones poco transparentes. A principios de 2011, ese régimen de licencias afectaba a más de seiscientos tipos de productos, como la maquinaria eléctrica, las piezas de los vehículos y los productos químicos.
- Argentina exige que los importadores equilibren las importaciones con exportaciones, o que incrementen el contenido local de los productos que fabrican en Argentina, o que no transfieran sus ingresos al extranjero. Esta práctica es sistemática, no escrita y falta de transparencia. La aceptación de estas prácticas por parte de los importadores parece ser una condición para obtener la licencia que les permita importar sus mercancías. Estas medidas retrasan o bloquean las mercancías en la frontera y ocasionan pérdidas importantes para la industria de la UE y de todo el mundo.
Las restricciones implantadas en 2011 afectaron a cerca de 500 millones de euros de exportaciones en ese mismo año. En 2012, la ampliación de esas medidas a todos los productos aumentó la magnitud del comercio potencialmente afectado a todas las exportaciones de la UE a Argentina, que significaron 8.300 millones de euros en 2011. El impacto a largo plazo de un clima negativo para el comercio y las inversiones es notablemente mayor.
La UE, junto con otros importantes socios comerciales del mundo, ha planteado la cuestión en varias ocasiones a Argentina en los últimos años sin éxito.
