Estos cinco Estados se enfrentaban a una posible aplicación de medidas comerciales punitivas por no cooperar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Comisión Europea también ha propuesto la penalización a Sri Lanka.
La Comisión propone sancionar con una “tarjeta roja” a Sri Lanka por no actuar contra la pesca ilegal. Por su parte, Fiyi, Panamá, Togo y Vanuatu, quienes recibieron hace casi dos años una advertencia oficial conocida como “tarjeta amarilla”, ya no estarán en la lista. En ese momento, se les pedía que mejoraran su sistema de control de presuntas actividades de pesca ilegal en sus aguas territoriales o por parte de buques que enarbolaban su pabellón.
La Comisión también ha propuesto el levantamiento de las sanciones impuestas a Belice, que en marzo de este año fue objeto de una tarjeta roja, es decir, de la prohibición total de importación de productos de la pesca a la UE. El Consejo de Ministros tiene ahora que aprobar la penalización a Sri Lanka, así como el levantamiento de las sanciones a Belice.
La Comisión Europea identificó esos seis Estados en noviembre de 2012 debido a que controlaban de forma insuficiente sus respectivas flotas pesqueras o sus aguas territoriales, no imponían sanciones a los operadores de pesca ilegal y no introducían una legislación pesquera sólida para luchar contra la pesca ilegal.
Las declaraciones de hoy constituyen la primera vez que la UE levanta sanciones, o amenaza con imponerlas a Estados a los que compra pescado en virtud de un Reglamento del Consejo de 2010. Su objetivo es lograr que únicamente puedan acceder al mercado de la UE los productos de la pesca cuya legalidad esté certificada por el Estado de abanderamiento o el Estado exportador de que se trate.
EJF, Oceana, Pew y WWF afirmaron que esta iniciativa ha demostrado que la legislación de la UE, adoptada con el fin de evitar que el pescado capturado ilegalmente entre en sus circuitos comerciales, está teniendo éxito a la hora de alentar a los Estados a actuar.
Las ONG alabaron a la comisaria María Damanaki por su liderazgo e instaron a su candidato a sucesor, el maltés Karmenu Vella, a que continúe la lucha contra la pesca INDNR. También le piden que mejore la transparencia, tanto en la normativa pesquera de la UE como en el control de la aplicación de la misma, y que siga mejorando el sistema de control de las actividades de pesca ilegal para incrementar aún más la confianza de los consumidores en los productos de la pesca que llegan al mercado de la UE. Se espera que Vella sea confirmado como comisario, junto a los demás miembros del colegio de comisarios, durante las próximas semanas.
Información útil:
La última decisión por parte de los ministros de pesca de la UE fue tomada en virtud del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo (el “Reglamento INDNR”) y entró en vigor en 2010. Este acto legislativo permite a la UE mostrar a los terceros Estados no cooperantes una tarjeta amarilla, a modo de advertencia inicial, y finalmente una tarjeta roja, acompañada de toda una serie de restricciones comerciales, si no demuestran la voluntad de cooperación y el compromiso de aplicar medidas clave para combatir la pesca INDNR, como son la mejora de los propios sistemas de seguimiento de buques y de sanciones.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de peces, daña los ecosistemas marinos, coloca en una situación injusta de desventaja a los pescadores que trabajan dentro del marco de la legalidad y hace peligrar el sustento de algunas de las comunidades más vulnerables del Planeta. Se estima que la pesca INDNR cuesta a las economías entre 7.000 y 17.000 millones de euros cada año, lo que equivale a entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado capturado. El Reglamento INDNR de la UE pretende impedir el acceso al mercado al pescado ilegal exigiendo “certificados de captura” para las importaciones de pescado a la UE y prohibiendo la entrada de pescado procedente de Estados y de buques implicados en actividades de pesca ilegal.
Dos terceros Estados, Camboya y Guinea, siguen teniendo prohibida exportar sus productos pesqueros a la UE. La Comisión Europea emitió en noviembre de 2013 una segunda ronda de tarjetas amarillas, advirtiendo a Curazao, Ghana y Corea del Sur que también podrían ser objeto del mismo paquete de medidas comerciales si no cooperaban en la lucha contra la pesca INDNR.
Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF trabajan en coalición para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
