En 2007, el entonces Gobierno socialista encargó a Repsol YPF la realización de una inspección visual del pecio del barco, situado a 4.000 metros de profundidad, para comprobar su estado. Con ello, se pretendía determinar el volumen de las fugas de fuel que pudieran existir, estudiar el estado del casco y valorar las acciones preventivas adicionales que pudieran ser necesarias.
Este trabajo se encargó tras una primera inspección en 2003 y después de que, en octubre de 2004, Repsol concluyese los trabajos de extracción de fuel que quedó en el barco. En total, se realizaron 51 ciclos completos de extracción con lanzaderas rígidas, mediante los cuales se pudieron extraer 13.600 toneladas.
Un año después de las inspecciones de 2007, Repsol concluyó, en su informe sobre el estado del pecio, que la situación era "estable" y que el fuel que todavía salía del mismo no suponía una amenaza para el ecosistema marino o la costa porque las fugas existentes eran "irrelevantes".
Vertidos en el mar
Desde el Instituto Español de Oceanografía, su subdirector general de Investigación, Demetrio de Armas, ha confirmado a Europa Press que en 2006 se detectaron vertidos en la superficie del mar, tras haber concluido el grueso de las operaciones para la extracción de la carga de fuel.
Asimismo, ha coincidido en que, desde la última inspección, no se han hecho más controles al pecio. "Por la información que tengo", ha precisado el subdirector general de Investigación del IEO, para quien "si no hay pérdidas" de fuel sería "un dispendio".
Sobre los vertidos, el subdirector general de Investigación del IEO ha explicado que, en enero de 2006, el Instituto Español de Oceanografía detectó, en una de sus campañas, que había "escapes desde el pecio".
"Detectamos petróleo en superficie", ha apuntado Demetrio de Armas, quien ha añadido que el Ejecutivo español acordó entonces proceder "al sellado de posibles grietas".
Batalla judicial
En el ámbito judicial, el pecio seguirá siendo el "caballo de batalla" en el juicio que se reanuda el próximo 13 de noviembre, tras dar comienzo el pasado 16 de octubre.
Así, durante la presentación de proposiciones de prueba y cuestiones procesales, el abogado José María Ruiz Soroa, que representa al capitán del barco, acusó al Estado de haber "ocultado" los resultados de inspecciones realizadas al barco.
"El Estado ha hecho la autopsia del cadáver en secreto", indicó en relación a un informe de la defensa, que sostiene que se hicieron expediciones con robots para revisar el estado del pecio sin comunicarlo a las partes y sin control judicial.
