El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la validez de los límites en el uso de ciertos insecticidas que impuso la Comisión Europea por el riesgo que suponen para las abejas, en una sentencia que da la razón a Bruselas frente a las multinacionales Bayer y Syngenta, dos de los mayores fabricantes de productos agroquímicos y pesticidas a nivel mundial.
En cambio, la corte con sede en Luxemburgo estimó parcialmente un recurso de la empresa química BASF y anuló las medidas que restringen el uso del plaguicida fipronil, el insecticida tóxico para el consumo humano que contaminó millones de huevos en Bélgica y Holanda, puesto que se impusieron sin una evaluación previa de su impacto. Por el contrario, desestima el recurso contra la prohibición de comercializar semillas tratadas con fipronil porque BASF no vende este tipo de semillas, con lo que no puede pedir su anulación.
En 2012, la Comisión Europea decidió revisar las autorizaciones concedidas a escala de la UE para los insecticidas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y para el plaguicida fipronil a raíz de la desaparición de colonias de abejas debido al mal uso de plaguicidas. Para ello, solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) una evaluación de los peligros que suponen para las abejas y, a la vista de los riesgos detectados, introdujo nuevas prohibiciones en el uso de estas sustancias en 2013.
Mediante dos reglamentos (uno para los tres insecticidas citados y otro para el fipronil) se exigía también a los Estados que modificasen o anulasen las autorizaciones vigentes de ciertos productos que contuviesen esas sustancias. La multinacional alemana Bayer y la suiza Syngenta así como la alemana BASF, que produce y vende el fipronil, recurrieron la decisión ante el Tribunal General.
Con la sentencia ha dictado el Tribunal General, la corte europea desestima totalmente los recursos de Bayer y Syngenta y da la razón a la Comisión. Indica, además, que por el denominado "principio de cautela" las instituciones pueden tomar medidas frente a los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente sin esperar a que estos queden plenamente demostrados científicamente o se materialicen, y recuerda que la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente priman sobre los intereses económicos.
