La Junta recibió el año pasado 679 autorizaciones con ocupación para el desarrollo de actividades socioeconómicas en la costa. Asimismo, Díaz Trillo ha señalado que, hasta el momento, la Administración autonómica ha recibido 123 solicitudes de concesión de chiringuitos de playa en la provincia de Cádiz.
Durante el encuentro, Díaz Trillo ha subrayado que, desde el pasado mes de octubre, se han mantenido numerosas reuniones para comunicar a los empresarios y ayuntamientos interesados los avances que se han ido produciendo en este ámbito, así como para solventar las posibles dudas. Fruto de este diálogo, ha surgido la posibilidad de que estos establecimientos puedan optar a concesiones por diez años, prorrogables por otros cinco, previa emisión de informes valorativos de seguimiento.
Según el consejero en funciones, en Cádiz todos los municipios con posibilidad de pedir concesiones para el funcionamiento de chiringuitos de playa han tramitado las correspondientes solicitudes, salvo Puerto Real, que ha pedido dotaciones a través de los Planes de Playa.
Respecto al número de chiringuitos solicitados en la provincia de Cádiz, mientras que en 2011 se autorizaron 113 de estos establecimientos, hasta el momento la Junta de Andalucía ha recibido peticiones para 123. De este modo, el consejero ha explicado que el municipio que más concesiones para chiringuitos ha pedido es Chiclana, con 16, seguido de Chipiona y Tarifa, con 12 cada uno; mientras que el que menos ha solicitado es Los Barrios, con solo una petición.
Por otro lado, en lo que concierne a los Planes de Explotación de Playas, todos los municipios de Cádiz, salvo Sanlúcar de Barrameda, han presentado sus correspondientes documentos. Tal y como ha expresado Díaz Trillo, la intención de la Consejería de Medio Ambiente es resolver durante este mes de abril la tramitación de los planes de los diez ayuntamientos que, a día de hoy, han solventado las deficiencias, como son Cádiz, Chiclana, Rota, Conil, Chipiona, Barbate, El Puerto, Tarifa, San Roque y Los Barrios. Más adelante, en la primera quincena de mayo, según las previsiones, se resolverán los cinco restantes, es decir, Puerto Real, San Fernando, Vejer, Algeciras y La Línea, que están actualmente resolviendo sus deficiencias.
Balance en Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado, desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias del Estado a Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, en abril de 2011, una continua labor de coordinación e interlocución con los ayuntamientos y empresarios del sector, con el fin de procurar una gestión más eficaz y sostenible del litoral. De este modo, la Junta de Andalucía ha resuelto hasta la fecha más del 80% de las solicitudes de autorizaciones con ocupación y sin ocupación para el desarrollo de actividades socioeconómicas en las costa andaluza.
En total, según el titular de Medio Ambiente, la Administración ambiental andaluza ha recibido 679 autorizaciones con ocupación, de las que se han resuelto 557 expedientes (nivel de ejecución del 82%), mientras que de las autorizaciones sin ocupación se han resuelto 190 expedientes de los 216 recibidos (nivel de ejecución del 88%). En lo relativo a los Planes de Playa, se han recibido un total de 54 planes de 64 municipios costeros, por lo que quedan por recibir los planes de cinco municipios, ya que han renunciado a su presentación los otros cinco municipios. Hasta la fecha, se han resuelto once de los planes recibidos, lo que representa el 20% del total.
Por otro lado, la Junta de Andalucía está gestionando 918 expedientes relativos a concesiones, de los cuales el 51% ha sido resuelto y un 49% aún se encuentra en trámite. La provincia en la que mayor número de expedientes relativos a concesiones se tramitan actualmente es Málaga, con un 42% del total, seguida de Huelva, con un 22% y de Cádiz, con un 17%.
Díaz Trillo ha destacado que la Consejería de Medio Ambiente procura una ágil tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por ayuntamientos y empresarios, así como una diálogo constante con los mismos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de una actividad económica y un turismo de playa compatibles con la preservación de los valores naturales del litoral andaluz, que sean capaces de garantizar, a su vez, la seguridad jurídica del sector.
