La profundidad y detalle de los estudios revisados hasta la fecha, unos 1.000 en los últimos diez años en la mitad norte peninsular, han evidenciado carencias notables que no permiten evaluar ni concluir que los impactos sobre aves y murciélagos adecuadamente. En cualquier caso distan de ser tan elevados como los presentados durante el Congreso celebrado en Jerez por algunas organizaciones que estiman mortalidades de 6 a 18 millones de aves por año.
Aunque se ha avanzado de manera notable en el desarrollo de este tipo de energía y en su seguimiento ambiental, la política comercial del sector de consultoría y la falta de conocimientos adecuados en el tratamiento de la información son las principales causantes de las carencias detectadas en muchos de los planes de vigilancia. El coste de los estudios ha sido rebajado notablemente en un mercado altamente atomizado e inadecuadamente formado, lo que compromete seriamente la toma de datos con una metodología adecuada, su posterior análisis y elaboración de unas conclusiones acordes a los problemas que se plantean. Todo ello puede dar lugar a recomendaciones erróneas y a que finalmente algunos estudios deban repetirse.
El coste económico de estos trabajos es el criterio principal a la hora de su contratación por los promotores; sin embargo no debe ser el único ni el primero. Por su parte, las Administraciones correspondientes deben cumplir su papel de garantes en la revisión y exigencia de contenidos de los mencionados estudios manteniendo su adecuación a la legislación ambiental vigente en todo momento.
