En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios explicaron que plasmarán sus impresiones en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados por la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.
Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos".
En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor" que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección".
Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1988 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y ha derivado en una inseguridad jurídica.
Además, Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley "se han pensado de forma “sui generis”, muy raro", mientras que el europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español "no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad".
Indefinición e inseguridad
La delegación ha concluido que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la Ley de Costas antes de comprar.
Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen ha contado que el responsable de Costas del MAGRAMA ha defendido "de forma tajante" la constitucionalidad de la Ley, pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español no incrementa dicha seguridad jurídica.
Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.
Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria".
