Los inversionistas de la compañía La Rivera Desarrollos BCS —una asociación de la empresa china Beijing Sansong y la estadounidense Glorious Earth Group- han anunciado este viernes que suspenderán el polémico proyecto del megacomplejo turístico Cabo Dorado, ubicado a unos metros del Parque Nacional Cabo Pulmo, en el extremo sur de la Península de Baja California.
En un comunicado publicado en los principales periódicos de circulación en México, el conglomerado informa al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de que retirará el proyecto de manos de la Secretaría del Medio Ambiente “en vista de las importantes preocupaciones que se han generado en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo”.
Hasta ahora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha sido notificada oficialmente de la cancelación del proyecto a pesar de que ya posee un veredicto sobre el proyecto que aún no se ha hecho público, ha comentado a EL PAÍS, Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat. “Todos los proyectos que generen empleo e inversión son bienvenidos siempre y cuando respeten a las normas ambientales. Nosotros estamos promoviendo y facilitando el proyecto siempre y cuando respeten a las normas ambientales”, ha expresado Guerra Abud, informa Paula Chouza.
El proyecto Cabo Dorado, colindante con el Parque Nacional Cabo Pulmo, fue planteado como un complejo turístico con 22.500 habitaciones de hotel, dos campos de golf, una planta de tratamiento de aguas residuales, un campus universitario y un centro deportivo de alto rendimiento. La propuesta estimaba una inversión de 3.600 millones de dólares y la creación de 18.000 empleos.
Sin embargo, diversos grupos ambientalistas denunciaron en los últimos meses que la construcción del proyecto traería importantes daños tanto al Parque Nacional y su arrecife de coral de 7.000 hectáreas, así como a la vida de los habitantes de la región. Los investigadores señalaron que al menos unas 78 especies protegidas corrían el riesgo de desaparecer si el complejo llevaba la expulsión de desechos al mar o a los mantos acuíferos. También explicaron que la atracción de turistas a la zona llevaría al crecimiento de un núcleo de población de 440.000 personas para las que el abastecimiento de agua no sería suficiente.
Aunque los inversionistas planean retirar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las manos de la Semarnat –que tenía previsto anunciar su decisión de autorizar o no la construcción del complejo la próxima semana– no han cerrado completamente la puerta para plantear otro proyecto turístico en el terreno de 3.770 hectáreas. “Esta decisión se ha tomado con el fin de poder, en un futuro próximo, reiniciar este procedimiento con un nuevo proyecto que tome en cuenta las críticas fundadas que se han manifestado”, dice el conglomerado en el comunicado.
El grupo inversor chino-estadounidense retomó el año pasado el proyecto que en 2008 propuso la empresa Hansa Baja Investments -antigua propietaria de los terrenos- para construir un complejo turístico denominado Cabo Cortés y que finalmente fue suspendido en 2012 por el expresidente Felipe Calderón, tras las presiones de los grupos ambientalistas que tenían las mismas preocupaciones. En marzo de este año los representantes legales de los inversores chinos entregaron a Peña Nieto y seis ministros de Estado cartas para pedir su apoyo y visto bueno para la construcción del complejo turístico.
