Así, tras su paso por el Senado se han incorporado a la normativa cuatro enmiendas del PP, principalmente de carácter técnico. En primer lugar, una nueva disposición adicional decimocuarta, en el texto refundido de la Ley de Aguas, para regular la cesión de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana.
En este sentido, Guillermo Collarte, portavoz popular en la materia, ha criticado que la oposición haya acusado al Gobierno de querer mercantilizar el proceso.
En materia de residuos, el popular dice que se da libertad para que "se tome un camino u otro" a la hora de implantar el SDDR para que éste sea voluntario y no obligatorio.
Sobre la enmienda referida a la modificación de la Ley del Mercado de Valores, el parlamentario defiende que se adapta la Ley nacional a la normativa europea. Durante la votación ha sido, de las cuatro votadas, la enmienda popular que más apoyo ha recibido de la oposición, salvo en el caso de UPyD y Geroa Bai que han decidido abstenerse.
Tramitación parlamentaria
Antes de convertirse en proyecto de ley el 17 de mayo, el decreto de medidas urgentes fue aprobado en Consejo de Ministros el día 4 de ese mismo mes y, se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE.
Posteriormente llegó al Congreso y, en ese 17 de mayo, el decreto en sí recibió el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que Foro Asturias se abstuvo. El resto de grupos parlamentarios se mostraron en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.
Por unanimidad, se decidió en la misma sesión plenaria que fuera tramitado como proyecto de ley, lo que abría la posibilidad de cambios puntuales por parte de los grupos parlamentarios en forma de enmiendas. Por ello, la oposición ha criticado en el debate de este jueves que "no haya servido de nada" su paso por ambas Cámaras porque "el PP sólo ha aceptado sus autoenmiendas".
En concreto, esta ley plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Durante la defensa del mismo, el ministro Arias Cañete justificó que el texto respondía al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.
Con ello, detalló que esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pudiera acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.
Simplificación normativa
Igualmente, la normativa plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
Asimismo, también introduce una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea.
En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas, además de hacer del SDDR un sistema voluntario y no obligatorio.
Unas medidas necesarias
Desde ICV, Laia Ortiz, ha criticado durante el debate que este Ejecutivo haga "oídos sordos" a las necesidades de medio ambiente del país, así como la ausencia del titular del ramo al frente del Departamento porque "se dedica a otras cosas". A su juicio, esta ley debería llamarse de "medidas urgentes contra el medio ambiente" porque "no hay nada urgente en ella y retrotrae la protección al medio ambiente".
Igualmente, ha rechazado que venga del Senado con cuatro autoenmiendas del PP. "Es un Gobierno que no dialoga y actúa contra el medio ambiente y hace el ridículo en las cumbres internacionales con sus políticas", ha sentenciado.
Por su parte, Martí Barberá, de CiU, ha puesto de relevancia que en la tramitación parlamentaria no se ha mejorado "nada" el texto, salvo en lo aportado por el PP con sus autoenmiendas, a pesar que se decidiera en el Congreso su tramitación como proyecto de ley para que los grupos pudieran hacer sus aportaciones. Es más, rechaza que la Ley presentada por el Gobierno vuelva a invadir competencias autonómicas.
Mientras, el portavoz socialista en la materia, José Luis Ábalos, ha criticado que, de las 121 enmiendas presentadas en el Congreso, sólo una superó su aprobación en ponencia y fue de CiU. Es más, ha subrayado que, ya en la Comisión competente, sólo dos se aceptaron y fueron transaccionadas también con los nacionalistas catalanes.
"Con esa actitud de descalificación no aceptaron ninguna otra. En el Senado se presentaron 151 enmiendas y las cuatro aceptadas son del PP. Ha sido la posibilidad de autoenmendarse. Un auténtico circo y que sólo responde a lobbies e intereses lucrativos", ha advertido.
De igual forma, ha resaltado que todas las modificaciones legislativas que plantea son "regresivas". Por ejemplo, en materia de aguas, ha señalado que supone la privatización y mercantilización de los derechos del agua; mientras que en materia de Residuos Sólidos, que se ha "finiquitado el sistema".
Sobre los derechos de emisión, la única que el PSOE ha votado que "sí", Ábalos subraya que es de carácter técnico y que se ajusta la ley a los requerimientos europeos, a la vez que exige que las subastas de derechos deben iniciarse en 2013. Eso sí, llama la atención al socialista que en los Presupuestos de 2013 se pidió que figurara lo obtenido en la subasta de emisiones, una medida que, según dice, "el PP también rechazó".
"Se da un paso atrás en una legislación que venía siendo bien valorada por los grupos medioambientales y estamos además en un camino de divergencia y por último decir que para el PP prevalece el interés especulativo frente al medioambiental", ha sentenciado.
