El proyecto se localiza en el término municipal de Almonte, provincia de Huelva, y su objeto es la dotación de infraestructuras, adecuación y desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, para el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior almacenamiento del mismo, en caso que dicho almacenamiento resultase viable. Un proyecto que cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este sentido, el proyecto tiene como primer objetivo la producción de gas natural y como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas natural, y consta de tres fases: la construcción, la operación y el abandono o desmantelamiento.
Para ello se procederá a la construcción de un gaseoducto de interconexión de 18.169 metros que sustituirá al actual, que recorrerá los parajes de Saladillo y Rincón, en sustitución de otro ya existente, cuya traza discurrirá principalmente por el antiguo trazado, aprovechando los caminos y pistas existentes.
En España, la práctica totalidad del gas consumido procede de la importación. En este sentido, según el BOE, en septiembre de 2002 se aprobó el Plan de los Sectores de Electricidad y Gas y el Desarrollo de las Redes de Transporte para el periodo 2002-2011, en el cual se prevé la necesidad del desarrollo de infraestructuras de almacenamiento de gas natural en diferentes localizaciones. Entre los proyectos de infraestructuras considerados en la revisión del 2005 del citado Plan se encuentra la adecuación del yacimiento de Marismas como almacenamiento subterráneo. La última revisión de este Plan corresponde al documento "Planificación Estratégica de los Sectores de la Electricidad y el Gas 2008-20160", de octubre de 2007, donde se mantiene la propuesta de utilización de este yacimiento como almacenamiento.
Con ese objetivo, en caso de que fuera viable, a medida que se vayan agotando los yacimientos, el promotor contempla la reconversión de los mismos en almacenamientos subterráneos de gas, llevándose a cabo ciclos de inyección y extracción en función de la existencia de un exceso de oferta o demanda en el mercado. Así, se utilizarán como pozos de inyección-extracción los yacimientos de Asperillo 2, Peladillo 1, Saladillo 1 y Saladillo 2, actualmente en explotación, Asperillo 3, ya autorizado pero pendiente de perforarse, y los cinco nuevos sondeos objeto de este proyecto.
Durante el periodo de consultas previas se recibieron alegaciones por parte del Parque Natural de Doñana, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, y la Delegación Provincial de Huelva, entre otros, y gracias a estas aportaciones se han logrado determinados blindajes medioambientales para garantizar la preservación de la fauna y las especies protegidas.
No obstante, tal y como se recoge en el BOE, el promotor señalizará la pista de trabajo para su visualización con el objetivo de evitar que los trabajos se desarrollen fuera de sus márgenes; procederá a la plantación de especies autóctonas, y en la fase de operación, las afecciones sobre la fauna son consideradas por el promotor como poco significativas.
Equo
Equo ha expresado este martes su oposición al proyecto, y ha criticado que se permita que esta zona se convierta "en un campo de almacenamiento de gas subterráneo".
Para la formación ecologista, este aprovechamiento es "incompatible con la máxima protección nacional y europea de Doñana, y provocará afección al acuífero del que depende todo el ecosistema marismeño y a muchas especies amenazadas, incluido el endémico lince ibérico, que encuentra justamente en la zona afectada una de sus principales áreas de dispersión".
Equo asegura que "lo más preocupante del proyecto consiste en la futura utilización del yacimiento para el almacenamiento subterráneo posterior de gas de origen desconocido". "Esto supondría una afección permanente del Espacio Natural de Doñana completamente incompatible a nuestro juicio con los objetivos de espacios naturales y parques nacionales", ha señalado el coportavoz federal, Juan López de Uralde.
A su juicio, este proyecto necesitaría la autorización expresa de la Comisión Europea por afectar directamente a la Red Natura 2000, por lo cual elevará la correspondiente pregunta a través de sus representantes en el Grupo Parlamentario Verdes-ALE.
Ecologistas
El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha asegurado que su grupo "no se quedarán de brazos cruzados" y denunciará ante la UE porque el almacenamiento es "incompatible" y está al margen de los planes de ordenación del enclave natural.
Por su parte, en representación de WWF, Juan José Carmona, ha asegurado que "la mayor preocupación" del grupo ecologista es conocer si las prospecciones afectarán al acuífero, ya que, aunque "la teoría dice no, tenemos el ejemplo de la Mina de las Cruces, y una cosa es lo que pone en el papel y otra la realidad".
En esta línea, ha asegurado que desde el Consejo de Participación de Doñana van a exigir que todo el proceso "se lleve con la máxima transparencia posible", indicando además que ahora están estudiando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), concedida por el Gobierno para el proyecto, para comprobar si han incluido alegaciones solicitadas por el grupo ecologista como "la realización de un estudio completo de todo el impacto agregado de los proyectos".
