Así lo ha puesto de manifiesto ASEJA, que considera que TRAGSA es "un instrumento que sirve para sortear los principios de objetividad y competencia contemplados en la normativa de Contratos del Sector Público". En 2010 el importe neto de la cifra de negocios del grupo fue de 1.261 millones de euros, tenía 15.200 trabajadores, 17 delegaciones autonómicas y 41 provinciales.
Por ello, ASEJA sentencia que el Proyecto de Privatizaciones del Gobierno "debe incluir necesariamente la privatización total o parcial de TRAGSA", favoreciendo de esta forma la iniciativa privada y consiguiendo así un incremento en los ingresos del Estado.
