En un comunicado, Rodríguez, que también ha pedido la implicación del subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, ha señalado como "absolutamente necesario" que el Ejecutivo central "asuma" las competencias en gestión del litoral y ha acusado a Arias Cañete de "tratar de derivar su responsabilidad" hacia las administraciones autonómicas y local.
Al hilo de esto, ha demandado al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), que "reconsidere" la postura del Consistorio y retire el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el fallo que declara nula la licencia municipal de obras "antes de determinar alguna acción sobre el inmueble".
Rodríguez ha subrayado que, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el hotel de Azata del Sol invade la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, el ministerio "ya no tiene excusas para poder ejecutar la demolición en esa zona", por lo que, según ha añadido, "se trata únicamente de una cuestión de voluntad". "Cuanto menos, podría iniciar el trámite de expropiación, como paso previo a la demolición", ha apuntillado.
En esta línea, y tras remarcar que el citado fallo es "un nuevo instrumento judicial" que permite ir avanzando en la consecución del objetivo que se ha marcado el gobierno de la Junta, "que no es otro que el que se derribe el hotel", ha pedido al gobierno central que mantenga el "mismo compromiso" que antes las elecciones del 25 de marzo.
"Conviene recordar que en plena campaña electoral, el ministro Cañete, tratando de manejar los tiempos políticos, y de arañar votos entre los colectivos ecologistas, manifestó que el derribo del hotel sería inminente si Javier Arenas gobernaba en Andalucía. Llama la atención que ese compromiso se haya esfumado después de que el PP no consiguiera la mayoría absoluta esperada el pasado domingo", ha asegurado.
Por último, Rodríguez ha considerado que el ministerio está obligado a resolver lo que representa "ya un problema claro de intromisión y ocupación ilegal en su área de competencia". "El escenario jurídico actual permite al gobierno actuar, todo lo que no haga en ese sentido, será una muestra más del escaso compromiso y poco interés del gobierno de Mariano Rajoy con la provincia de Almería", ha concluido.
