Oceana lamenta que la Eurocámara no haya aprovechado esta oportunidad para endurecer la normativa medioambiental y de seguridad, mejorar la supervisión independiente y la transparencia, y establecer una cultura de la seguridad en alta mar para toda la UE.
Hasta ahora, la UE carecía de legislación específica para actividades petrolíferas y gasistas en mar abierto. Tres años después de que la Comisión Europea propusiera un ambicioso reglamento para reducir el riesgo de accidentes graves en aguas europeas, las negociaciones han concluido con la aprobación de un texto tan laxo que apenas asegura protección efectiva en caso de una catástrofe similar a la de la Deepwater Horizon. Así, y pese al potencial que tenía la directiva, se han ido suavizando las obligaciones hasta crear un vacío legal que permite a las compañías petroleras europeas efectuar operaciones fuera de aguas de la UE y aplicar estándares bajos en países en desarrollo, por ejemplo.
“Esta nueva directiva sobre la seguridad de las prospecciones en el mar es fruto de concesiones políticas para proteger a la industria petrolera y a intereses nacionales, y solo reportará mejoras menores a la seguridad de las operaciones en el mar. El resultado de la votación muestra a las claras que la visión cortoplacista ha vuelto a sacrificar la prevención en beneficio de una industria multimillonaria. Al ignorar los riesgos de las prospecciones en el Ártico y las peticiones de la sociedad civil en favor de mayor supervisión, ha UE ha establecido un peligroso precedente que contradice su compromiso con el cambio climático y los ecosistemas vulnerables”, afirma Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa.
La directiva, que entrará en vigor como pronto dentro de dos años, cuando sea traspuesta por los Estados Miembros, se ha complementado con provisiones de transición, de modo que las nuevas normas no serán de aplicación a las actuales instalaciones marinas hasta 2019.
Con todo, Oceana confía en que la Comisión Europea se comprometa a profundizar en áreas no cubiertas por la directiva. La sociedad civil ansía que se refuercen las exigencias de responsabilidad y el abono de indemnizaciones y que los vertidos pasen a considerarse delito. Los operadores que entren en un negocio con tantos riesgos deberían demostrar suficiente capacidad financiera para responder ante los peores supuestos, incluyendo daños socioeconómicos. Por ello, Oceana insta a la Comisión a que proponga urgentemente legislación complementaria.
