El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda" de la Ley de Costas y señaló que el objetivo era aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público".
"España cuenta con una importante longitud de costa (más de 10.000 kilómetros), sometida a una fuerte presión demográfica y turística, entre otros factores. Ello, junto a la fragilidad física del litoral, determina la necesidad de establecer un régimen de protección", argumentó.
Del mismo modo, destacó que el litoral español es "parte muy importante la riqueza económica y medioambiental" del país y que, por ello, el Ministerio pondría en valor el conjunto de playas y costas de España. Así, explicó que la idea de su departamento era que la potenciación del litoral español es "plenamente compatible" con el crecimiento económico, la generación de empleo y con la contribución a la salida de la crisis.
En este sentido, Arias Cañete señaló que se harían análisis "muy rigurosos" de los diferentes usos en el mar territorial para armonizar el desarrollo de cuantas actividades contribuyan a generar crecimiento económico, siempre con una decidida protección de los recursos naturales marinos, protección a la que no vamos a renunciar.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, señaló el pasado mes de junio que la reforma de la Ley de Costas es un texto en que la "primera y primordial" función es la protección del litoral, "no su desprotección".
Plan Nacional de Reformas
Además, en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado mes de mayo, precisaba que la norma flexibilizará los usos en servidumbre de protección, al tiempo que clarificará el régimen sancionador y la tipificación de infracciones.
A su vez, El Ejecutivo aseguraba que el texto actuará sobre el régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades y otros títulos y se mejora la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas con competencias sobre el litoral. Además, señalaba que garantizará el acceso a la información sobre la situación de los bienes y derechos en el dominio público marítimo terrestre.
