España ha autorizado nuevas explotaciones mineras de carbón a cielo abierto en el Alto Sil (León) sin realizar una evaluación adecuada de las posibles repercusiones de dichos proyectos y al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats de especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
La sentencia especifica que las explotaciones de “Nueva Julia” y “Los Ladrones” se autorizaron sin realizar una evaluación de impacto ambiental apropiada y sin tener en cuenta los riesgos para el urogallo, y que no se han adoptado las medidas necesarias para evitar la degradación de su hábitat ocasionada por las explotaciones “Feixolín”, “Salguero-Prégame-Valdesegadas”, “Fonfría”, “Ampliación de Feixolín” y “Nueva Julia”.
Una vez más se vuelve a poner de manifiesto la larga lista de incumplimientos de las Directivas Europeas en esta zona de alto valor natural de la provincia de León, declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera, donde sobreviven, entre otras, las mejores poblaciones de urogallo de la Cordillera Cantábrica, tratándose ésta de una especie en peligro de extinción.
Juan Carlos Atienza, coordinador de conservación de SEO/BirdLife declaró que “es inaceptable seguir financiando con fondos públicos la extracción de carbón en minas a cielo abierto en zonas de alto valor ecológico, debido a su gran impacto sobre la biodiversidad, e ir en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático”. Además, Atienza solicita “una mayor inversión en políticas de desarrollo rural sostenible y promover en las cuencas mineras desarrollos alternativos basados en un respeto al medio ambiente”. SEO/BirdLife considera que proyectos como estas minas a cielo abierto dificultan la obtención de fondos europeos para la Red Natura 2000 que deben garantizar el futuro de estas zonas.
Desde SEO/BirdLife se quiere reseñar que no es la primera sentencia de la Comisión Europea en este sentido, por lo que solicita al Gobierno de España y a la comunidad de Castilla y León un cambio decidido en sus políticas ambientales y energéticas que fomente la conservación de espacios naturales de importancia, valorando los mismos como productores de riqueza y bienestar para la sociedad y buscando fórmulas alternativas de desarrollo que no hipotequen estas áreas de alto valor para generaciones futuras.
