Una treintena de activistas de Greenpeace han sido llamados a declarar durante los próximos días en diferentes juzgados de España, debido a que en febrero de 2009 cubrieron con una lona verde el hotel ilegal, edificado en el Parque Natural del Cabo de Gata – Níjar. Esa acción pacífica tenía como objetivo hacer desaparecer simbólicamente el hotel y denunciar así la renuncia del Gobierno a expropiar los terrenos públicos en los que se ubica. La organización ecologista desconoce aún quién es el denunciante.
El MARM, entonces dirigido por Elena Espinosa, dejó de reconocer la utilidad pública de la playa de El Algarrobico a pesar de no contar con ningún argumento jurídico. Este nuevo procedimiento engrosará la lista de pleitos judiciales en torno a la ilegalidad del hotel, y supone la segunda vez que activistas de Greenpeace son llamados a declarar por realizar una acción de denuncia pacífica. La primera tuvo lugar cuando la organización ecologista pintó el mensaje "hotel ilegal" en la fachada del edificio.
"Greenpeace tiene que ir a los juzgados por denunciar lo que los propios juzgados han reconocido en más de una docena de ocasiones: que el hotel es ilegal", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. "El Estado y la Junta de Andalucía no pierden la oportunidad de declarar que tienen la intención de demoler en el hotel, pero la realidad es que hoy es Greenpeace quien tiene que declarar por un acto simbólico, mientras que ningún responsable de la administración ha sido acusado por permitir que se construyese", ha añadido Marcos.
El Ministerio de Medio Ambiente ha dejado de lado la ilegalidad del hotel y sigue permitiendo que siga en pie a pesar de sus numerosos pronunciamientos judiciales en contra. La Administración General del Estado decidió abandonar el proceso de recuperación de los terrenos públicos ocupados por el hotel en los primeros 100 metros de playa hasta que se resolviera judicialmente la cuestión relativa a si el Ayuntamiento de Carboneras concedió una licencia de obras ilegal.
Greenpeace recuerda al Ministerio que no han desaparecido los motivos que fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos, lo que motivó que iniciara la expropiación, por lo que exige que el próximo Consejo de Ministros que rectifique y reinicie el proceso.
