Este nuevo acto de protesta pidiendo el desmantelamiento del proyecto se ha desarrollado con absoluta normalidad y con discreta presencia policial, concentrada frente al acceso de la planta, que se encuentra junto a la CV-11, a ocho kilómetros del casco urbano de Vinaròs y junto a los términos municipales de San Rafael del Río, Alcanar y Ulldecona. Han participado en la acción los alcaldes de Peñíscola, Alcanar y Ulldecona, y ediles de estas y otras poblaciones como Vinaròs.
La protesta ha sido convocada por los colectivos Asamblea Ciutadana de Vinaròs y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS) y al término de la misma se ha leído un manifiesto. Asimismo, los asistentes han llevado pancartas en las que podía leerse “Castor, la muerte de la comarca”, “que tiemblen ellos” o “queremos vivir sin miedo a los terremotos”.
El portavoz de la PCDTS, Joan Ferrando, ha exigido que no se demore el informe sobre los seísmos que está esperando el Ministerio de Industria y ha pedido "que se haga público qué geólogos lo están elaborando y, sobre todo, el calendario que hay, pues esto no puede durar mucho más tiempo porque no hay mucho más que investigar dado que las cosas están bastante claras".
Tanto en el manifiesto, leído por Aurea Valderrama, como en las declaraciones de Ferrando se ha reivindicado una investigación sobre todo el proceso de tramitación del Proyecto Castor, ya que "si hay alguna irregularidad que demuestre que Escal UGS ha actuado de forma negligente se podría denunciar y no pagarle la indemnización prevista si se cierra la planta".
Restauración ambiental
El manifiesto también pedía la restauración ambiental de todo el territorio afectado, después del desmantelamiento de las dos plantas que conforman el Castor. Asimismo se insta al vecindario y políticos de la zona que se organicen para "defender" el territorio y "evitar cosas que se podrían haber evitado y futuras agresiones como el fracking".
"Estamos hartos de palabras vacías y declaraciones de buenas intenciones, estamos cansados de ver cómo los intereses económicos están por encima de la seguridad y el bienestar de las personas, ¿qué hubiera pasado si se hubiera tenido que lamentar víctimas?", agrega el documento.
