Introducción
Amigos de la Tierra Europa y muchas otras organizaciones y gobiernos siempre han defendido la necesidad de que los estados miembro de la UE tengan más poder de decisión sobre el cultivo de transgénicos en su territorio. Sin embargo la propuesta de la presidencia Griega, de llegar a aprobarse, sería un regalo envenenado ya que proporciona una enorme influencia para las empresas que se benefician de la tecnología transgénica y una base legal muy débil para los países que se oponen a los cultivos modificados genéticamente.
La Comisión Europea debe garantizar a los gobiernos la capacidad real para mantener su territorio libre de transgénicos.
Breve evaluación de la actual propuesta del Consejo Europeo
Según la propuesta actual, los gobiernos nacionales que no quieran que se cultive un transgénico en su territorio estarían obligados a solicitar a las empresas agrobiotecnológicas como Monsanto y Syngenta que excluyan a su país de la solicitud. Esto sitúa a los gobiernos y a la ciudadanía a merced de las empresas.
Su aprobación implicaría debilitar el texto adoptado por el Parlamento Europeo en julio de 2011, que potencialmente garantizaba verdaderos poderes a los estados miembros para prohibir el cultivo de OMGs.
Los fundamentos según los cuales se podrían prohibir los cultivos transgénicos son muy débiles y dejarían la puerta abierta a que las empresas biotecnológicas demanden a los países aunque hayan acordado democráticamente poner una moratoria sobre este tipo de cultivos. A su vez limita la importancia de un escrutinio riguroso de los riesgos ambientales y para la salud. Lo que supone un debilitamiento de la red de seguridad europea que ha mantenido a Europa como un territorio mayoritariamente libre de transgénicos; y un duro golpe al principio de precaución en el que se basa la política europea.
Las moratorias nacionales establecidas, si finalmente contasen con una base legal tan débil, podrían ser cuestionadas por la vía legal o mediante tratados de libre comercio, tal y como afirmaba un experto legal del Consejo.
El 12 de junio los Estados miembro tendrán que decidir si coinciden con esta propuesta en la que las empresas gozarían de un mayor poder y acabarían con la capacidad de decisión de los Estados miembro. Es imprescindible alcanzar otro planteamiento donde un Estado no tenga que verse obligado a solicitar el consentimiento de la empresa a prohibir el cultivo de transgénicos, así como establecer bases legales sólidas, que ofrezcan garantías a los gobiernos.
