Alrededor de 22.000 personas se han unido para denunciar colectivamente ante los tribunales a la multinacional británica Trafigura, implicada en un vertido de desechos tóxicos que causó la muerte de 17 personas y graves problemas de salud a alrededor de 100.000 en Costa de Marfil, según informó ayer la agencia misionera de noticias MISNA.
La acción colectiva será examinada el próximo año por un tribunal de Londres, según el abogado Martyn Day, que representa a los 22.000 querellantes, en su mayoría personas gravemente afectadas en su salud a causa del vertido de 538 toneladas de sosa cáustica y residuos de petróleo que tuvo lugar entre el 19 y el 20 de agosto en siete basureros al aire libre de los alrededores de Abiyán, capital económica del país.
Precisamente ayer comenzó en Abiyán el juicio a doce personas acusadas de «envenenamiento, intento de envenenamiento y complicidad en envenenamiento» por el vertido ilegal. Entre los procesados figuran el director de la sociedad marfileña Tommy –propietaria de los camiones cisterna que efectuaron los vertidos–, el comandante del puerto de Abiyán y dos aduaneros.
Quienes no figuran entre los procesados son los directivos de Trafigura, multinacional propietaria del carguero panameño «Probo Koala», que había trasladado los residuos que fueron posteriormente vertidos por los camiones cisterna.
Trafigura, una empresa británica con sedes en Suiza y en Países Bajos, había llegado a un acuerdo amistoso con el Gobierno de Costa de Marfil para que todo quedara en una indemnización global de 152 millones de euros a cambio de que no se le persiguiera judicialmente. Este subterfugio podría quedar invalidado si el tribunal de Londres avala finalmente la acción colectiva.
Pasados dos años de los hechos, las familias de los 17 fallecidos han sido indemnizadas, pero las 100.000 víctimas de los diversos tipos de patologías, intoxicaciones y malformaciones causados por las emanaciones no han recibido compensaciones y los lugares contaminados no han sido recuperados.
