Para Greenpeace es preocupante que, “el Proyecto de Ley da vía libre a la quema de residuos, la técnica de gestión más cara y nociva tanto para la salud como para el medio ambiente, además, de ser la opción que menos puestos de trabajo genera”.
Esta organización recuerda que la incineración emite sustancias peligrosas como metales pesados, dioxinas y furanos que llegan al aire, al agua y al suelo. Cabe destacar que tanto para las dioxinas como para los furanos no existen niveles seguros de exposición por lo que no se deberían producir. En la actualidad hay cerca de veinte nuevos proyectos de construcción de plantas incineradoras que se sumarían a las diez ya en funcionamiento.
Un modelo insostenible
Con esta acción Greenpeace quiere denunciar los intereses y las presiones ejercidas para rebajar la Ley por las comunidades autónomas y las empresas dedicadas a la incineración. Todo ello, sumado a la falta de valentía del Gobierno central para sacar adelante un Proyecto de Ley que realmente solucione de una vez por todas el problema del crecimiento y correcto tratamiento de nuestras basuras.
Esto ha hecho que llegue al Parlamento un texto que perpetuará en los próximos años el modelo insostenible que actualmente hace que España esté por debajo de la media europea en cuanto a reciclaje de residuos.
“Los 4.000 kg de residuos que tenemos aquí equivalen a los que producen unas tres mil personas en un solo día, lo que da una idea de lo que puede generar un país como España sin que estén siendo convenientemente tratados”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace. “Exigimos al Ministerio que se comprometa con la ciudadanía a que estas basuras van a recibir un tratamiento adecuado y no van a terminar en un vertedero o ser simplemente incineradas”.
Objetivo: residuo cero
Según los datos del propio MARM, en 2008, generamos en España 24 millones de toneladas de residuos urbanos, de ellos el 85,34% fueron arrojados a vertederos o incinerados. La nueva Ley lejos de solucionar este despilfarro energético y ambiental perpetuaría el desastroso modelo actual de gestión de residuos y aleja a nuestro país de alcanzar el objetivo de “residuo cero”.
“A pesar de que el Proyecto de Ley contempla la posibilidad de establecer un canon a la incineración y el vertido, el texto es demasiado ambiguo y no obliga a ello, lo que con seguridad hará que no se aplique”, ha añadido Barea. “Greenpeace también exige a las comunidades autónomas responsabilidad y que descarten de sus planes de gestión de residuos la incineración”.
La Ley propuesta por el Ministerio presenta otras importantes carencias como es el caso de las bolsas de plástico de un solo uso, ya que no contempla su eliminación y solo hace referencia a la sustitución del material para el año 2018. Otro caso similar es la retirada del objetivo de recogida selectiva de la materia orgánica del 40% forzada por las comunidades autónomas.
