Esta asociación ha acusado además a la Junta de Castilla y León de estar entregándose al sector de la incineración, "dañando la salud, el medio ambiente y la producción agropecuaria regional".
Según han informado las mismas fuentes, VARESA, filial del grupo catalán HERA Holding, pretende la incineración de hasta 40.000 toneladas anuales de neumáticos, pinturas, disolventes y taladrinas usadas, filtros de aceite, líquidos de freno o anticongelantes, "muchos de ellos clasificados como residuos tóxicos y peligrosos".
La sentencia considera probado que la Administración demandada incumplió el deber general -y concreto en materia medioambiental- de promover la participación real y efectiva del público (arts. 9.2 y 105 de la Constitución) "no poniendo en su conocimiento la documentación completa, que iba a ser objeto de autorización".
Según el alto tribunal, la Consejería de Medio Ambiente omitió el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre el vertido de las aguas residuales de la incineradora, obvió la necesaria consideración de alternativas en la localización y autorizó finalmente el proyecto "a pesar de las numerosas deficiencias detectadas por los propios técnicos de la Junta de Castilla y León".
La sentencia, que puede ser recurrida, impone las costas "por su temeridad" a la Junta de Castilla y León "pues no sólo se ha vulnerado el derecho a la participación pública efectiva en el proceso de autorización de que se trata y se ha omitido un trámite preceptivo y vinculante, sino que se ha autorizado una actividad en la que se utilizan sustancias peligrosas".
En este sentido, el TSJ recuerda la propuesta de resolución efectuada por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Palencia de 21 de diciembre de 2006 y a la "copiosa documentación aportada después" además de a un informe técnico que pone de relieve las "importantes deficiencias e incoherencias del proyecto presentado, autorizándose sin una nueva propuesta como exige la Ley o al menos con un informe técnico en el que se justificase que se habían subsanado las deficiencias constatadas".
Ecologistas en Acción
En opinión de Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado en evidencia el "nulo respeto" de las anteriores autoridades ambientales de Castilla y León por la legislación ambiental y la salud de los ciudadanos.
Por ello, la organización ha reclamado al nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que se desmarque de las "prácticas ilegales" de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León para informar la redacción del nuevo Plan Regional de Residuos, "garantizando que responda a las prioridades legales en la materia y destierre el caos existente en la gestión de los desechos".
Por otro lado y ante la celebración mañana, martes, en el Centro de Recursos Ambientales de Valladolid de una Jornada sobre la incineración de residuos en la industria cementera, organizada por la patronal de este sector y patrocinada por la Junta, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno autonómico se está entregando en los últimos meses a los intereses del "lobby" que abandera la incineración de los residuos, "a pesar de los daños ambientales y los costes socioeconómicos que ocasiona esta actividad".
Según sus datos, en Castilla y León se tramitan en estos momentos dos autorizaciones ambientales para incinerar entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales de residuos de todo tipo en las fábricas de cemento de La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia), "en un momento en que la producción de cemento ha caído a sus niveles más bajos en medio siglo".
Además, en la localidad de Ampudia (comarca de Tierra de Campos, Palencia-Valladolid) se tramita también el proyecto de una incineradora de residuos industriales con capacidad para quemar 76.000 toneladas anuales.
Ecologistas ha recordado también que el verano pasado, la Junta de Castilla y León revocó la autorización otorgada a la fábrica de cemento de Toral de los Vados (León) para la incineración de 33.000 toneladas anuales de residuos, en respuesta a las movilizaciones ciudadanas desarrolladas en El Bierzo.
A su juicio, no sería de recibo que en la Montaña Central Leonesa, en el Cerrato palentino o en la Tierra de Campos se permitieran actividades que han sido consideradas lesivas en El Bierzo, "aunque no hayan movilizado de momento a tantos ciudadanos".
Por ello, Ecologistas ha reclamado que se paralice la tramitación de todo proyecto de incineración de residuos hasta que se determine por el nuevo Plan Regional de Residuos si esta actividad tiene o no cabida en Castilla y León, "teniendo en cuenta además de la protección de la salud y el medio ambiente la apuesta del Gobierno regional por la producción agropecuaria de calidad, con marchamos como “Tierra de Sabor”".
Este colectivo ha asegurado por último que las incineradoras de residuos son una de las principales fuentes de dioxinas y furanos en Europa, "ostentando además la responsabilidad de buena parte de las emisiones de metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como los PCB”s o el hexaclorobenceno".
Entre los efectos para la salud de estos contaminantes se han documentado, según este colectivo, distintos tipos de cáncer y trastornos neuronales, reproductivos y hormonales que afectan especialmente a las mujeres y a los embriones durante el embarazo y que se manifestarán una vez que los niños alcancen la edad adulta.
