El congreso se celebra en un momento clave dado que en España se está debatiendo la transposición a la legislación estatal de la Directiva Marco de Residuos aprobada en 2008, que establece mayores exigencias en la recogida selectiva, clarifica la jerarquía de residuos definiendo las condiciones para considerar la incineración como valorización energética y busca potenciar el uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de biorresiduos (compost).
El congreso gira en torno a la interrelación entre los suelos y la materia orgánica a partir de los residuos y aborda, entre otros aspectos, la prevención, la recogida selectiva, los usos del compost, la recuperación de energía a partir del metano y el hidrógeno, el papel de la materia orgánica en la lucha contra la desertificación, la producción de energía a partir de biomasa y el papel del suelo en relación con el cambio climático.
Todos estos aspectos se debatirán durante dos jornadas en las que se celebrarán 3 sesiones plenarias y 13 sesiones paralelas con la participación de 40 expertos en la materia que aportarán su punto de vista sobre los objetivos que plantea la nueva normativa europea.
Este encuentro tiene como objetivo intercambiar experiencias y abordar desde un plano eminentemente técnico toda la problemática asociada a la correcta gestión de la materia orgánica contenida en los residuos y su recuperación para su aprovechamiento como materia orgánica o generación de energía renovable.
Nueva normativa europea
En el marco de la nueva Directiva Marco de Residuos, pendiente de su transposición a la normativa estatal, este congreso pretende evidenciar las diferentes posibilidades de la recogida selectiva de la materia orgánica y la consecución de los objetivos de la nueva normativa europea. La materia orgánica supone prácticamente del 40 por ciento del volumen de los residuos urbanos.
Una de las novedades de esta directiva europea es la obligación de realizar programas de prevención, dentro de las respectivas planificaciones de residuos de los países miembros, incorporando objetivos cuantificados e indicadores para su control. El articulado comunitario también señala unos objetivos concretos para la reutilización y el reciclaje (incluido el compostaje) para el año 2020.
En el caso de los residuos urbanos, incluyendo los domiciliarios y asimilables, estas actividades deberán alcanzar al menos el 50 por ciento del total, mientras que para los procedentes de la construcción y demolición, la cifra se eleva al 70 por ciento. En el caso de los residuos orgánicos (bioresiduos), la directiva europea exige su recogida selectiva, su tratamiento específico y el establecimiento de estándares de uso para el producto compost.
En relación con la incineración de residuos, un tema siempre polémico, la nueva directiva no deja lugar a dudas. La actual legislación delimita muy claramente cuando se puede considerar valorización (incineración con recuperación energética) o cuando se trata solamente de eliminación. En este sentido, hay que recordar que el nuevo texto aboga por la valorización energética frente al vertedero.
Plan de la Bioenergía de Castilla y León
A través de la aprobación de diversos programas de actuación (Plan de Residuos Urbanos 2005-2010, Plan de Residuos Industriales y Plan de Residuos Compostables) Castilla y León ha desarrollado una importante estrategia donde se presta especial atención al residuo biodegradable y se apuesta con decisión por los principios de jerarquía que inspiran la gestión moderna de los residuos: recuperación material, reutilización agronómica, valorización energética y minimizar la eliminación controlada.
Asimismo, la próxima aprobación del Plan de la Bioenergía de Castilla y León sentará las bases para impulsar iniciativas relacionadas con la valorización energética y el aprovechamiento de otros productos como son el aceite usado de uso doméstico o los residuos forestales para producir energía limpia (biodiesel y biomasa).
Además, desde el punto de vista económico la Junta de Castilla y León ha realizado inversiones por un importe próximo a los 300 millones de euros para consolidar un moderno sistema provincial de gestión de los residuos urbanos y de envases en las nueve provincias de la Comunidad.
En relación con la gestión de la materia orgánica, Castilla y León cuenta con cuatro plantas de tratamiento de residuos donde la biometanización está funcionando de forma regular y donde durante el pasado año se han generado más de 6 millones de kw-h.
En 2008 la Consejería de Medio Ambiente aprobó el Programa Regional de Residuos Compostables que pone de manifiesto la existencia de 5 millones de hectáreas de suelos con baja capacidad de nutrientes susceptible de absorber más de 50 millones de toneladas de residuo orgánica, es decir, veinte veces más que el producto generado anualmente en los centros de tratamiento de residuos y estaciones depuradoras. Asimismo, el Plan de Residuos Industriales determina la necesidad de compostaje para tratar diversos residuos, con una estimación próxima a las 800.000 toneladas.
Actualmente, se encuentran en marcha dos iniciativas desarrolladas en colaboración con las Universidades de Valladolid, Burgos y Salamanca con la finalidad de determinar los efectos en los cultivos y en el agua de la utilización de compost y de lodos de depuradora como enmienda orgánica, así como el potencial contenido en los lixiviados, bien como fertilizante o bien como productor de metano.
Entre los retos pendientes se encuentran potenciar e implantar la recogida separada de grandes productores, establecer unos estándares de calidad que faciliten la puesta en el mercado del producto obtenido en las plantas de tratamiento, aumentar el control y la persecución del gestor fraudulento que pone en riesgo las iniciativas empresariales que respetan la legalidad vigente y garantizan que la aplicación al terreno se realiza sin perjuicios para el medio ambiente, avanzar en el conocimiento de la cuestión y las implicaciones de cada alternativa de tratamiento para informar a la sociedad.
