Colectivos de defensa ambiental de la comarca del Parque Regional del Sureste se han dirigido a los responsables del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para transmitirle el apoyo a las iniciativas que vienen aplicando en el control de las construcciones ilegales en la zona del Soto de Aldovea, en el entorno del Parque Regional del Sureste.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha aprobado recientemente cinco expedientes que implican el derribo de obras y construcciones ilegales realizadas sobre suelo protegido. Si bien los propietarios deberán asumir los costes de estos derribos (unos 320.000 euros), es probable que sea el propio Ayuntamiento de San Fernando quien se vea obligado subsidiariamente a ejecutar los trabajos de retirada de las instalaciones.
La zona del Soto de Aldovea se encuentra en los límites del Parque Regional del Sureste y en la ribera del río Henares. Desde hace años se vienen implantando ilegalmente numerosas empresas y viviendas sin servicios ni redes de saneamiento, en suelos especialmente protegidos y no urbanizables. Algo que es perfectamente conocido por los propietarios y titulares de las instalaciones. Estas actividades carentes de control y servicios son una amenaza para la calidad de los suelos, las aguas y una grave alteración del paisaje.
En la actualidad son visibles chalets adosados, chatarrerías, almacenes, industrias de todo tipo, etc, todo ello ajeno al uso agrícola, único permitido en estos suelos rústicos de especial protección.
Tanto la Comunidad de Madrid, con competencias en disciplina urbanística y ambiental, y administradora del Parque Regional del Sureste, como la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de la calidad de las aguas subterráneas y del cercano río Henares, mantienen una actitud pasiva de la que se aprovechan algunos particulares sin escrúpulos en muchas localidades de nuestra comarca. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ya fue hace dos años protagonista de la recuperación de la margen derecha del río Jarama, al desmantelar los huertos clandestinos y los chamizos ilegales que ocupaban el Dominio Público Hidraúlico.
Los grupos ecologistas que trabajan en el ámbito del Parque Regional del Sureste quieren que esta iniciativa sirva de ejemplo para otros muchos ayuntamientos de la Comarca, para que adopten una posición activa en la recuperación de los espacios naturales, que son patrimonio de todos y no de aquellos que los parcelan y ponen precio para especular.
