No existió una evaluación de impacto ambiental ni una valoración técnica real para elegir esta localidad conquense, según los demandantes, que exigen un proceso transparente. Una manifestación, convocada para el próximo 20 de octubre, demuestra además que hay rechazo popular a la ubicación.
El 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó la ubicación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos provenientes de todas las centrales nucleares del Estado. Se optó por Villar de Cañas, argumentando razones muy cuestionables. La Plataforma contra el Cementerio nuclear de Cuenca ha recurrido al Supremo para que se analicen.
La Plataforma, junto con Greenpeace y Ecologistas en Acción, basa sus recursos en tres bloques de argumentos. El primero hace referencia a la falta de consenso sobre la ubicación del ATC. Se aportan mociones de ayuntamientos, acuerdos de la Diputación de Cuenca, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Cortes de Castilla-La Mancha, y más de 12.000 firmas recogidas, todas ellas en contra de la instalación del cementerio en la región. El consenso social, territorial e institucional para el emplazamiento del ATC fue el principal argumento empleado en el Consejo de Ministros el 20 de enero de 2012, y en el Congreso de los Diputados, que en 2010 aprobó una iniciativa no legislativa en este sentido.
El segundo, está relacionado con el informe técnico de la Comisión Interministerial constituida al efecto que valoraba en cifras la idoneidad de los ocho pueblos finalistas que optaban a albergar el ATC. El informe situaba a Villar de Cañas en cuarta posición y sin embargo fue finalmente la elegida. No se dieron razones para la elección de Villar de Cañas frente a los otros municipios, por lo que los demandantes entienden que la resolución carece de motivación.
El tercer bloque de argumentos se refiere a la legislación sobre impacto ambiental, en la que se refleja la necesidad de someter a estudio de impacto diferentes alternativas. En este caso, se ha definido un emplazamiento concreto antes de iniciarse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por tanto no ha habido posibilidad de presentar diferentes alternativas.
"Confiamos en que el Supremo paralice el procedimiento y se inicie de nuevo de forma democrática, participada y transparente, pero una vez que tengamos un calendario de cierre de las nucleares” ha declarado María Andrés, portavoz de la Plataforma.
Las organizaciones se oponen a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas o en cualquier otro lugar y piden que se garantice la transparencia en el procedimiento y se establezca un plan de cierre de las nucleares españolas, de forma que se sepa cuál es la cantidad total de residuos que albergará el almacén. Han convocado ya una manifestación en Cuenca para el 20 de octubre, enmarcada en una campaña de acciones que llevan desarrollando desde que comenzó el proceso de elección de candidaturas.
