Reducir las cargas administrativas
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido sendas misivas a los ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC. AA. en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España.
A través de su directora general, Alicia García-Franco, la federación lamenta en la carta remitida que “pese a todos los llamamientos realizados por parte de la Administración General del Estado, de la OCDE y de la Unión Europea –por ejemplo, el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda y las patronales CEOE y CEPYME firmaron el octavo convenio de colaboración para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas–, hemos constatado que, tristemente, en el ámbito de la gestión de residuos la carga burocrática es cada vez mayor”.
“Además, en las últimas normas y adaptaciones legislativas de importancia en el ámbito de los residuos no solo no se reducen esas cargas, sino que se incrementan exponencialmente”, añade García-Franco. Tal es el caso del Real Decreto 110/2015 de RAEE y su extraordinariamente profuso y complejo archivo cronológico, así como de la reciente aplicación del Real Decreto de traslado a los traslados internos de residuos realizados dentro de las CCAA.
En la misiva que ha remitido FER a Interior, Medio Ambiente y a las CC. AA., la patronal del reciclaje adjunta un estudio propio en el que se analizan los costes derivados de las cargas burocráticas y administrativas para las empresas, en relación a los datos obtenidos en el registro de obligaciones burocráticas por razón de normativa ambiental y en cumplimentar el archivo cronológico (artículo 40 de la Ley 22/2011).
En cuanto al volumen de operaciones, una gran parte de las empresas (el 33%) reporta más de 10.000 apuntes al año, otro 35% menos de 10.000 operaciones y destacan algunas que llevan a cabo más de 100.000 apuntes anuales. Lógicamente, apunta la directora general de FER, todas estas cargas burocráticas “se traducen en un elevado numero de horas de trabajo por parte del personal, que supone un elevado coste para las empresas”.
La federación, cita la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su artículo 129 “Principios de buena regulación”, en virtud del cual, por el principio de proporcionalidad, las iniciativas que se propongan deberán atender la necesidad a cubrir tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios y en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
