Esta iniciativa, que supondrá una inversión de 1,4 millones de euros, corresponde al cumplimiento de las directrices marcadas en la Ley del Ruido de Castilla y León, aprobada en junio de 2009.
Tanto la legislación europea como la nacional y la autonómica obligan a las entidades locales de más de 20.000 habitantes a realizar un mapa de ruido de su localidad en el año 2012 sobre los datos de 2011, así como el desarrollo de un plan de acción dirigido a solucionar en su territorio las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, según señala una nota de la reunión de consejeros.
Con el fin de realizar una labor de coordinación desde el punto de vista técnico y metodológico, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado los correspondientes convenios con los ayuntamientos con el fin de aprobar los mapas de ruido.
Entre las obligaciones asumidas por la Consejería se encuentra la de contratar y supervisar técnicamente los trabajos de elaboración de los citados documentos, mientras que el ayuntamiento se compromete a aportar todos los datos de base necesarios para el desarrollo de este trabajo que estén en su posesión y prestar el apoyo municipal que sea preciso para el desarrollo de los trabajos de campo.
La Consejería de Medio Ambiente de esta comunidad entregará en el primer trimestre de 2012 el documento del mapa del ruido de cada ayuntamiento y en el primero de 2013 el documento preliminar del plan de acción para la corrección de los impactos acústicos significativos detectados en el mapa.