La Comisión Europea ha anunciado un retraso de 12 meses en la aplicación de la ley sobre deforestación, respondiendo así a la presión de los socios internacionales y de la industria sobre su estado de preparación, aún insuficiente para cumplir a tiempo la legislación.
La decisión fue tomada en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE y el aplazamiento «permitirá que los países terceros, los Estados miembros, los operadores y los comerciantes estén plenamente preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que ciertos productos y mercancías vendidos en la UE o exportados desde la UE estén libres de deforestación», agregó el Consejo.
Doce meses más
La decisión quedaría pendiente de la aprobación de la Eurocámara. Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas. Dado que todos los instrumentos de aplicación están técnicamente preparados, los doce meses adicionales pueden servir de período de introducción progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz.
La Comisión considera que un plazo adicional de doce meses para introducir gradualmente el sistema es una solución equilibrada para ayudar a los operadores de todo el mundo a garantizar una buena aplicación desde el principio. Con este paso, la Comisión pretende ofrecer seguridad sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del Reglamento, que es fundamental para la contribución de la UE al acuciante problema mundial de la deforestación.
Materias sin deforestación
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Según la legislación, las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
«Esto proporcionaría certeza legal, previsibilidad y tiempo suficiente para una implementación fluida y efectiva de las normas, incluyendo el establecimiento completo de sistemas de diligencia debida que cubran todas las mercancías y productos relevantes», resumió el Consejo.
