Hace ya unos pocos años que en España, en algunos puntos aislados, comenzaron a tratarse los residuos contaminados procedentes de la actividad sanitaria previamente a su vertido.
La conciencia de que era preciso realizar este tratamiento ya existía entre los responsables sanitarios, pues no hay que olvidar que gran número de hospitales disponían y disponen aún de hornos incineradores para quemar sus propios residuos, pero la idea de que era conveniente desarrollar una política global germinó, desgraciadamente de un modo disperso, entre los responsables de Medio Ambiente de diferentes ayuntamientos. Así muchos municipios dedicaron ilusión y esfuerzos para llevar adelante el proyecto del tratamiento selectivo de los residuos sanitarios de una forma ordenada y controlada. Algunos publicaron ordenanzas y realizaron inversiones para solucionar el problema, otros se quedaron en meras buenas intenciones.
Aquella llama que prendió rápidamente y que prometía extenderse por toda nuestra geografía quedó pronto apagada por el confucionismo y la desinformación dándose casos tan incongruentes como el que se obligue a cerrar los incineradores a los hospitales sin que las autoridades les proporcionen soluciones alternativas, obligándoles a almacenar residuos durante meses agravando así el riesgo que se pretende evitar. O que quienes disponen de un sistema de eliminación lo reserven para sí a pesar de estar infrautilizado con tal de no admitir residuos de otra procedencia.
Durante unos años no hubo avances que permitieran extender la política de tratamiento diferenciado de los residuos sanitarios. Había cuatro núcleos aislados, Madrid, Cataluña, Cantabria y León, y algunos hospitales dispersos en los que realizaba una eliminación correcta, pero en el resto de los residuos sanitarios se recogían en una bolsa común y su destino era el mismo que el de los residuos domésticos. Algunos tímidos intentos de agrupar soluciones, como el del INSALUD con su Manual de Gestión de Residuos o el borrador de Decreto que elabora el Ministerio de Sanidad parecía que podrían impulsar una solución general.
Hubo que esperar al verano de 1992 para que entre los muchos acontecimientos de que estuvo cargado ese año ocurriera algo que fue un revulsivo que despertó las conciencias de nuestras autoridades y aceleró un proceso que ni las Directivas Comunitarias conseguían desatascar. El hecho fue que a causa de una denuncia de personas desinformadas o movidas por algún interés partidista el incinerador de residuos hospitalarios de León cerró sus puertas a residuos que procediesen de otras localidades. El problema que esto creó en los hospitales que estaban utilizando este incinerador hizo que se pusiesen en marcha soluciones, aunque transitorias, que anteriormente se habían rechazado por parecer innecesarias.
Curiosamente el principal problema para das solución al riesgo potencial de los residuos contaminados es este propio riesgo. La población, en demanda de una mayor calidad de vida, exige que se dé a los residuos un tratamiento adecuado que garantice la preservación de la salud pública y del medio ambiente, pero es esta misma población la que impide que se haga con su intransigencia a admitir las plantas de tratamiento.
Entendemos que la solución es que canalicemos todos los esfuerzos y experiencias, autoridades, gestores, para situar los residuos sanitarios en su justa dimensión.
En España existen aproximadamente 1.100 centros hospitalarios con un número total de camas que ronda las 200.000. A estos centros hay que añadir los establecimientos sanitarios sin encamamiento como ambulatorios ; centros de salud, laboratorios, etc. La actividad de todos ellos genera un conjunto heterogéneo de residuos, algunos pueden ser depositados directamente en un vertedero controlado por ser similares a los domésticos, pero otros que representan un pequeño porcentaje del total requieren un tratamiento previo a su vertido para eliminar la potencial contaminación que podrían transmitir al medio ambiente.
De estos residuos especiales la mayor parte la constituyen los comúnmente llamados infecciosos o biocontaminados. Los hospitales producen este tipo de residuos en diferente cantidad según su especialización. Aunque no existe un censo de residuos, si tomamos la media de producción más aceptada de 250 gramos de residuo contaminado por cama y día es fácil calcular que los hospitales españoles producen anualmente 18.100 toneladas de residuos de riesgo.
Pese a que siempre se invoca cierto vacío legal, lo cierto es que existen numerosas preceptivas que obligan a los hospitales a tratar de forma diferenciada sus residuos especiales. El que no se haga obedece únicamente a la falta de exigencia de las autoridades y a la carencia de infraestructura para realizar una correcta eliminación.
Cada vez más, la sociedad demanda soluciones que aporten una mayor calidad de vida. La preservación de la salud y el medio ambiente merecen que no se escatimen medio ni esfuerzos para alcanzarlos mediante un sistema seguro de tratamiento de los residuos contaminados procedentes de los centros sanitarios. La tecnología nos permite en la actualidad proporcionar esta seguridad. Solamente falta que todas las partes implicadas en este cometido aunemos nuestros esfuerzos para que tras los años de oscuridad en que hemos estado sumidos aparezca la luz que nos permita ver la realidad inocultable y que la ilusión del trabajo que venimos realizando durante tanto tiempo se plasme en realizaciones de las que podremos sentirnos orgullosos.
Hoy en día varias Comunidades Autónomas han elaborado Decretos que regularán el marco en que se ha de desarrollar la actividad de tratamiento de los residuos hospitalarios.
