Desde ayer, más de 100 activistas de Greenpeace se encuentran en el hotel ilegal de la playa de El Algarrobico (Almería) para pintar un gigantesco punto negro de 8.000 m2 en la fachada. Varios activistas portaban pancartas donde se podía leer "Algarrobico punto negro de la costa" y "Demolición ¡YA!". Se trata de la acción en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España.
Este hotel ilegal de 21 plantas y 411 habitaciones se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español y es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental.
Greenpeace exige tanto a la Junta de Andalucía y como al Ministerio de Medio Ambiente que no se escuden más en la maraña judicial que se ha creado en torno al hotel y que acuerden la recuperación natural de la zona y la demolición del hotel inmediatamente, ya que actualmente tienen suficientes argumentos judiciales y políticos para ello.
Con esta acción Greenpeace quiere desmontar las excusas esgrimidas por las administraciones y exige:
– Que la Junta de Andalucía, como "primer movimiento" ejecute sin excusas las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013 y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel y los terrenos a su nombre.
– Que el Ministerio de Medio Ambiente, aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa. Para reforzar esta potestad ministerial, cabe recordar que el Tribunal Supremo, ratificó en julio de 2011 la Orden Ministerial que fijaba un deslinde de costas en los primeros 100 metros de playa.
– Que ambas administraciones ejecuten el protocolo general de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico publicado en el BOE en diciembre de 2011 y hagan prevalecer la normativa ambiental sobre la urbanística.
La sentencia del pasado 21 de marzo del TSJA que declara (frente a 20 pronunciamientos judiciales anteriores contrarios, lo que ha motivado una investigación de la Fiscalía) que el terreno de El Algarrobico y el adyacente son urbanizables, no hacen más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley, lo que solo beneficia la estrategia de la empresa promotora (Azata) para dilatar eternamente el caso en los tribunales.
"Si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, MInisterio y Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España desde la playa de El Algarrobico. "Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha añadido Rodríguez.
Greenpeace recuerda la principal excusa esgrimida por Junta y Ministerio, el pleito sobre la licencia de obras, solo determinará si la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol por el Ayuntamiento de Carboneras fue legal y si hay que compensar económicamente a la misma, lo cual no pone en duda la ilegalidad del hotel y la obligación de demolerlo.
"Es la sexta vez que activistas de Greenpeace acuden al hotel para denunciar su ilegalidad. Desde 2003 han pasado cuatro ministros y tres presidentes de la Junta, y el hotel sigue en pie, por lo que hoy resulta más sorprendente que la Junta de Andalucía no actúe y no pida la ejecución del auto que le otorga la propiedad de los terrenos", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. "Para que no se olviden de su responsabilidad, queremos recordar a nuestros políticos que el Algarrobico es el mayor punto negro de la historia de la destrucción a toda costa y una vergüenza para el país", ha concluido Marcos.
La organización ecologista quiere destacar que los activistas se encuentran en un espacio público, ya que una orden ministerial de 2005 ratificada por el Tribunal Supremo fijó la servidumbre de protección de la Ley de Costas en 100 metros por lo que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos.
Por último, la organización ecologista recuerda que el desmantelamiento y la posterior restauración del Parque Natural, según un estudio publicado junto a n´UNDO (equipo técnico de arquitectos y expertos en medio ambiente) generaría 379 puestos de trabajo y el 98% del material del edificio recuperado.
