La solución ante la nueva Directiva Europea de Fitosanitarios pasa por adaptar los Planes Nacionales y esta es una de las principales ideas lanzadas por María Isabel Salinas, Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica de la Junta de Andalucía, en la mesa inaugural que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla y que se clausura el próximo viernes 29 de enero.
El tema que ocupa a los profesionales del sector en esta ocasión es el “Uso sostenible de Fitosanitarios”, que es primordial para el sector agrario y ganadero de Andalucía. Además Salinas, como eurodiputada que fue, ha seguido muy de cerca la directiva y el reglamento y considera que es perjudicial para Andalucía porque se han tomado determinadas decisiones sin realizar un informe de impacto.
Ponencias magistrales
Luis Martín Plaza, perteneciente a la Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Consumo (DG SANCO), explicó el nuevo marco legislativo de los productos fitosanitarios en la UE. Este nuevo marco, explicó Martín Plaza, es un acuerdo consensuado por cada Estado Miembro de la Unión Europea.
Con el nuevo Reglamento, ha disminuido la disponibilidad de los productos fitosanitarios a los agricultores y aumentará la carga administrativa. Deberán existir unos criterios de aprobación atendiendo al riesgo sanitario, excluyendo del mercado sustancias que atenten contra la salud y el medio ambiente.
Por su parte, los objetivos de la Directiva 2009/128 son proteger la salud humana, animal y el medio ambiente y fomentar la gestión integrada de plagas, que se reconozcan los riesgos y buscar alternativas a químicos. La normativa implica una transposición, que cada país la adapte a su Plan Nacional a través de programas de control y formación, que se deberá culminar antes del 14 de diciembre del 2011.
Angustias Herrera Sebastián, Jefe de Servicio del Área de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha explicado que la Directiva Europea pretende reducir los niveles de toxicidad de las materias activas utilizadas, mediante la sustitución de las más peligrosas por alternativas más seguras con el objetivo de reforzar el nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. En ese sentido, se aprobarán sustancias activas no clasificadas como cancerígenas, tóxicas, ni con propiedades de alteración endocrina.
La directiva establece una serie de medidas como el establecimiento de un sistema obligatorio de formación para todos los usuarios profesionales, distribuidores y asesores. Se tiene que fomentar la sensibilización del público y habrá que realizar una inspección periódica y obligatoria de los equipos de aplicación para conseguir un elevado nivel de seguridad y protección de la salud humana. Asimismo, se dispone la prohibición de la pulverización aérea, excepto en casos especiales muy regulados, por la que se deberán extremar las medidas para lograr un aumento de la protección del medio acuático y del agua potable. Por último, uso de plaguicidas en zonas específicas como zonas públicas, jardines, colegios, etc. será muy reducido o nulo.
José Ramón Martínez Cano-Manuel, Jefe de Área de la Subdirección General de Medios de Producción del Ministerio de Medio Ambiente, ha explicado que la Directiva es flexible y establece una serie de medidas que deben implementarse en cada Estado Miembro con el objeto de alcanzar la sostenibilidad en el uso de plaguicidas, que deben estar enmarcadas en un Plan Nacional de Acción (PNA), que tendrán que elaborarse en tres años, con el fin de recoger las características específicas de control de plagas y la agricultura de cada país.
Divulgación de la nueva Directiva
Mª Milagros Fernández, Técnico especialista Titular del IFAPA de la Mojonera, ha señalado el papel de la formación en el marco de la nueva Directiva. Las innovaciones técnicas, las exigencias del mercado y de la PAC y de la sociedad obligan a los agricultores y ganaderos a una permanente puesta al día de sus conocimientos para poder adaptarse a las nuevas situaciones, pero sobre todo al empleo de buenas prácticas agrarias.
Mariano Pérez Minguijón, Subdirector General Adjunto de Medios de Producción del MARM, ha destacado el papel de los equipos de aplicación de plaguicidas y la obligatoriedad que establece la Directiva de que antes del 31 de diciembre de 2016 todos los equipos de aplicación de plaguicidas hayan pasado, al menos, una inspección. A su juicio, aplicar un producto fitosanitario con un equipo en buen estado de funcionamiento garantiza un mayor control de la plaga o enfermedad a combatir y asegura un ahorro importante en el coste del tratamiento, al reducir el volumen de plaguicida aplicado y eliminar pérdidas de producto.
Plan Andaluz de Equipos Fitosanitarios
En la sesión de la tarde, Concepción Cobo, Jefa del Servicio de Producción Agrícola de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha comentado el Plan Andaluz de Mantenimiento y Calibración y Equipos de Tratamientos Fitosanitarios (2008-2010) puesto en marcha por la Consejería de Agricultura para alcanzar los objetivos que marca la Directiva.
Los objetivos del Plan pasan por el desarrollo de actividades de divulgación y formación para agricultores y técnicos sobre los principios básicos de la revisión y calibración de los equipos; la elaboración de protocolos de inspección para diferentes tipos de equipos; la colaboración con el MARM para la elaboración de protocolos de inspección para equipos de aplicación de abonos; entre otras.
María Luisa Ballesteros, Jefa de Área de Producción Integrada del MARM, ha esbozado la Gestión Integrada de Plagas (GIP) en el Horizonte 2014, desde los orígenes de este concepto hasta la actual Directiva.
Ricardo Alarcón Roldán, Jefe de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, ha abogado por la Producción Integrada en Andalucía como una clara alternativa de futuro, ya que atiende a las exigencias actuales del mercado y de los consumidores y permite obtener productos de calidad y competitivos que aportes valores añadidos tanto al consumidor como al agricultor. El objetivo principal es conseguir una producción de alta calidad basada en el uso racional de los medios de producción.
Por último, Carlos Palomar, Director General de AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), ha explicado los retos y oportunidades ante el nuevo Marco Legislativo y la disminución de productos fitosanitarios, en concreto 2/3 han desaparecido como herramientas en manos de los agricultores. Desarrollar una sustancia activa supone de 9 a 10 años y entre 250 y 300 millones de euros. Los más afectados por la normativa han sido los insecticidas y, como consecuencia, los cultivos mediterráneos, especialmente los intensivos.
