La eurodiputada danesa Margrete Auken (Verdes/ALE), ponente del proyecto de informe sobre «el impacto del urbanismo masivo en España sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos», ha señalado durante la presentación de su informe, que el Parlamento Europeo tiene derecho de dar respuesta a las «numerosas quejas que nos han llegado» y aclaró que «las autoridades españolas tienen la responsabilidad de proteger a quienes adquieren bienes inmobiliarios en España y las administraciones locales no se están ocupando debidamente» de estas quejas.
Auken pidió a las autoridades locales que lleven a cabo políticas respetuosas con un «desarrollo sostenible» y que «respeten las exigencias de los Tratados de la UE en lo que a derechos fundamentales se refiere». Además, aseguró que la comisión de Peticiones «trata de encontrar la mejor solución posible defendiendo los intereses de las víctimas». «Queremos una solución constructiva para todos», añadió.
La ponente lamentó la ausencia del Gobierno español en el debate, así como no haber podido encontrarse con ningún representante del Gobierno en su visita a España.
PSOE y PP se unen contra el informe
Los eurodiputados del PP y los del PSOE han anunciado que enmendarán gran parte del proyecto de informe que prepara la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los abusos del urbanismo español y, en especial, en la costa levantina y andaluza.
Populares y socialistas van a proponer cambios al texto elaborado por la danesa Margrete Auken que pide una revisión «profunda» de la legislación urbanística, aboga por una moratoria de todos los planes que no respeten criterios medioambientales y sociales y plantea suspender los fondos de cohesión si no se remedian los problemas.
Esas dos últimas propuestas, entre otras, serán objeto de enmiendas por parte de los socialistas, según ha asegurado la eurodiputada Maruja Sornosa.
La parlamentaria socialista, que ha calificado el informe de «realmente mejorable», explicó que su grupo quiere eliminar del texto los párrafos que dudan de que en España se garantiza el derecho de propiedad privada y aquellos que plantean la necesidad de una moratoria.
«Creo que sería mucho más conveniente promover un acuerdo de todos los actores sociales para alcanzar un pacto de mejora del urbanismo», indicó.
Por su parte, el PP criticó con dureza la «parcialidad» del texto de Auken y el diputado Gerardo Galeote anunció enmiendas para «corregir la sinrazón del informe» de cara la votación de la comisión de Peticiones, el próximo 11 de febrero, y antes de que llegue al pleno de la Eurocámara en marzo.
Los eurodiputados españoles David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU) se mostraron a favor del informe.
Mientras, la mayoría de parlamentarios de fuera de España que intervinieron en el debate pidieron que se ponga fin a las disputas partidistas en torno al texto, que ha enfrentado en muchos momentos a PP y PSOE, e instaron a las autoridades nacionales, regionales y locales a unirse para ofrecer soluciones.
Auken ha recordado que el urbanismo español ha generado más quejas ciudadanas ante la Eurocámara que ningún otro asunto en esta legislatura y recalcó que, por ello, los eurodiputados deben «actuar».
