Se trata de una estimación de los costes para la salud y para el medio ambiente derivado de no aplicar bien las normas comunitarias.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha dejado claro que "en tiempos de crisis" estos costes Europa no se los puede permitir. "Nuestro medio ambiente está protegido por alrededor de 200 piezas de legislación bien establecidas, pero demasiado frecuente no se aplican correctamente. Esto no sólo daña al medio ambiente, también daña la salud humana, lleva a la industria a la incertidumbre y socava el mercado único", ha denunciado el comisario en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario recuerda que la aplicación de las normas medioambientales es una tarea "compartida" entre los distintos niveles de administración de los Estados, a nivel central, regional y local.

"La legislación de la UE no es una invención de Bruselas. La adoptan democráticamente todos los Estados miembros y el Parlamento en beneficio de los ciudadanos", ha insistido el comisario.

Con el objetivo de mejorar en la aplicación de las normas, el Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles una batería de propuestas para tratar de mejorar en este sentido. La primera medida es mejorar el conocimiento e intercambio de información sobre problemas medioambientales con el objetivo de mejorar su identificación temprana y reducir los costes de resolverlos. "La mala aplicación se exacerba frecuentemente por la falta de información precisa sobre cuestiones medioambientales", justifica Bruselas.

Además, Bruselas propone otras medidas para mejorar las inspecciones y la vigilancia, criterios para facilitar y abordar las quejas medioambientales de los ciudadanos incluido en instancias judiciales y medidas para apoyar mejor a las redes y organizaciones que trabajan a favor de la protección del medio ambiente.

El Ejecutivo comunitario también defiende que existan "compromisos claros para los responsables de aplicar las normas para presentar mejoras con calendarios concretos y objetivos de cumplimiento que puedan ser públicamente analizados" cuando se detectan problemas medioambientales en los Estados miembros.

La Comisión no descarta presentar propuestas legislativas concretas más adelante este año, por ejemplo, para reforzar y mejorar las inspecciones, una vez que los Veintisiete y el Parlamento Europeo se pronuncien sobre sus propuestas.



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