La inactividad de estos países pone en riesgo los esfuerzos que desde la UE se están realizando para atajar el problema de la tala ilegal de madera y su comercio asociado.
Según el Eurobarómetro de WWF , España, Francia, Italia, Grecia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia todavía no han desarrollado legislaciones nacionales que les permitan regular y asegurar la legalidad de la madera que se comercializa en el mercado europeo. El Director de la Comisión Europea, Karl Falkenberg, ya amenazó hace unas semanas con tomar acciones legales contra los gobiernos de los Estados Miembro que incumplan sus obligaciones.
Esta iniciativa, llevada a cabo durante la primera mitad del 2014 a través de las autoridades competentes en la materia de los 28 Estados Miembro-incluidos Suiza y Noruega-, también identifica a los Estados Miembro que han adoptado legislaciones nacionales suficientemente robustas para controlar la legalidad de la madera y que han establecido sanciones disuasorias contra aquellos que incumplen las reglas. Entre la lista de estos “alumnos aplicados” se encuentran países como Bélgica, Dinamarca, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Portugal, Eslovenia, Holanda y Reino Unido.
El resto de los países han desarrollado legislaciones, pero el sistema de sanciones y los controles sobre los operadores son insuficientes para asegurar una correcta aplicación del reglamento.
El análisis realizado por WWF aporta información más exhaustiva sobre el estado de aplicación de la regulación en los distintos países. En el caso español, esta información no se puede ofrecer ya que la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA, autoridad competente en la materia, decidió no participar en la iniciativa de WWF, incumpliendo por lo tanto lo establecido en el Convenio de Aarhus sobre acceso a información ambiental.
La tala ilegal– entendida como el aprovechamiento, procesamiento, transporte y comercio de madera en violación de las legislaciones nacionales de los países de origen- provoca efectos ambientales, sociales y económicos devastadores. Esta actividad genera una competencia desleal para todas aquellas empresas europeas que quieren desarrollar su actividad en el marco de la legalidad. Representa el 30% del comercio mundial de madera y contribuye en más del 50% a la deforestación de regiones tropicales como África Central, la Amazonía y el Sudeste Asiático. El aprovechamiento ilegal de madera genera pérdidas de hasta 7.000 millones de euros al año, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y pone en peligro los medios de vida de las comunidades locales.
Enrique Segovia, Director de Conservación de WWF, subrayó que “el gobierno español no se puede tomar a la ligera este tema y tirar por tierra el esfuerzo que otros países están realizando para poner fin a un problema cuya magnitud está sobradamente reconocida por la UE. “El Reglamento del comercio de la madera no habrá servido de nada y seguiremos siendo cómplices del desarrollo de esta actividad criminal, si no se consigue una aplicación eficiente por parte de todos los países”, añade.
La Comisión Europea calculó que en 2011 un 35% (37.800 millones de euros) del comercio mundial de productos de madera pasó por la UE. A pesar de la dificultad a la hora de calcular qué porcentaje de ese volumen corresponde a actividades ilegales, es evidente que la UE es un mercado de exportaciones muy importantes para países donde los niveles de ilegalidad y de baja gobernanza en el sector forestal son preocupantes.
