Para las organizaciones ambientales y ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno, encomendadas al líder socialista Pedro Sánchez, deben considerar la justicia social y ambiental en el centro de un potencial acuerdo de gobernabilidad.
Hacia una economía sostenible
Las organizaciones estiman fundamental que el próximo Ejecutivo cuente con una vicepresidencia de Sostenibilidad e incorpore un ministerio específico dedicado al Medio Ambiente. Así, sería posible coordinar todas las políticas con impacto ambiental -desde la industria o el transporte al turismo, pasando por la pesca o la agricultura-, con las medidas que se adopten en materia de Economía y Empleo. Es la única vía para promover un modelo de desarrollo económico sostenible que tenga en cuenta los límites del planeta.
Este cambio de paradigma también debería abordarse con una nueva Ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga de impuestos primando las buenas prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al Medio Ambiente. La nueva norma desplazaría la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo no responsable de recursos, y eliminaría todos los subsidios que van en contra de la conservación del Medio Ambiente.
El impulso, a escala europea, de la economía circular y una gestión que tienda a los residuos cero son otros de los puntos que las organizaciones ecologistas apuntan como elementos claves para un futuro pacto.
Hacia un nuevo modelo energético
El potencial acuerdo debería afrontar el giro de las políticas energéticas hacia un modelo que impulse el ahorro, la eficiencia energética y la producción descentralizada de energías renovables, al tiempo que apoya a la ciudadanía en situación de pobreza energética. En este contexto, no hay cabida para subvenciones a combustibles fósiles y es necesario acometer el cierre de las centrales nucleares, tras 30 años de funcionamiento.
El calentamiento global tampoco puede dejarse de lado. Para las organizaciones, el marco idóneo sería una Ley de Cambio Climático que regule de forma estable, previsible y coherente las políticas que afectan al clima e incorpore objetivos ambiciosos para 2030, con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un mínimo del 55%, una generación con renovables de al menos un 45% y un objetivo de reducción en el consumo de energía respecto a 1990 del 40%.
La apuesta por una economía sostenible y por un nuevo modelo energético abriría un nicho de empleo de calidad que hasta ahora no ha sido aprovechado por España.
