Según ha adelantado Arias Cañete en anteriores ocasiones, esta revisión de la Ley de Costas tiene por objetivo armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales.
"Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental", destacó el ministro en la toma de posesión de altos cargos de Medio Ambiente, donde aseguró que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental".
Pacto Nacional del Agua
Tal y como prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura en el Congreso, el Ejecutivo tiene entre sus planes acometer un pacto nacional del agua, que Arias Cañete debe desarrollar.
Se trata de un plan que, para Arias Cañete debe asegurar el "abastecimiento de calidad" y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua, mediante el uso de agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y "otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente" de los recursos hídricos superficiales, base actual del suministro.
Además, el ministro agregó que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones medioambientales y la simplificación de los trámites administrativos, respetando "escrupulosamente" las exigencias medioambientales.
Asimismo, manifestó que entre las "improntas" de su gestión estará impulsar el concepto de que la actividad del hombre y el medio ambiente son conceptos "compatibles" que tiene que constituirse en "instrumentos aliados de progreso". Por ello, subrayó que quiere encontrar un punto de encuentro de todos los actores implicados en el medio ambiente, desde administraciones, entidades privadas y, por supuesto, las organizaciones ecologistas.
Durante la tercera semana de enero, el ministro recibió a las principales organizaciones ecologistas, a las que prometió un "clima de diálogo abierto" y permanente y han fijado que se encontrarán cada 45 días aproximadamente, según explicaron a Europa Press representantes de las ONG ambientales al término de la reunión.
